3 de December de 2012 17:22

La inquietud se instala en San Andrés a raíz del veredicto de la Corte Internacional de Justicia

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"Algunos pescadores refieren el temor a salir a las faenas en alta mar por los incidentes con las embarcaciones nicaragüenses”. Aury Guerrero, la gobernadora de San Andrés, resumió así el viernes los coletazos que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya continúa asestando al archipiélago situado en el Caribe colombiano.

El pasado 19 de noviembre, el Alto Tribunal con sede en la tercera ciudad más grande de Holanda falló en el litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Y determinó que más de 75 000 km2 de mar territorial, que antes pertenecían al primer Estado, pasan a poder del segundo, que había planteado una demanda en el 2001.

En respuesta, el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el 28 de noviembre, renunció al Pacto de Bogotá, un instrumento sellado en 1948 en esta capital, y consecuentemente salió de la jurisdicción de la CIJ.

El veredicto de la Corte Internacional, que ha sido acremente cuestionado por el Ejecutivo colombiano, tiene como primeros damnificados a los alrededor de 73 000 habitantes del archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y el 92% de los habitantes de San Andrés considera que su país debe rechazar el fallo, según reveló un reciente sondeo ordenado por la revista Semana, RCN Radio, RCN TV y la radio La FM y realizado por la firma Ipsos Napoleón Franco.

Precisamente, Guerrero reveló los primeros efectos de la decisión de la Corte en una zona que alberga un enorme banco de pesca, yacimientos petrolíferos y, en especial, el Seaflower, un gigantesco arrecife de coral que ha sido declarado como reserva de la biosfera.

En declaraciones a la prensa local, la funcionaria señaló que entre los más afectados de la isla de San Andrés, la mayor del archipiélago, se contabilizan unas 1 250 familias de pescadores artesanales. Afirmó también que existe por ahora una merma de un 3% de los ingresos del departamento, que se sitúa a unos 775 kilómetros de la costa de colombiana y a 190 km de la Nicaragua continental.

El balance inicial que hizo Arturo Robinson igualmente causa inquietud. En declaraciones a RCN Radio, el alcalde de Providencia, la segunda mayor isla del archipiélago, reveló que allí hay el mismo número de pescadores artesanales que en San Andrés. Además, anotó que “tenemos alrededor de 600 personas que se dedican a la pesca de subsistencia y que se alimentan de lo que obtienen en el mar”.

Más preocupantes son los impactos que ya soportan los gremios que operan en el departamento del Caribe colombiano. Así, Manuel Cubillos, cabeza de la cooperativa de pescadores de San Andrés, detalló al diario bogotano El Espectador que el fallo de la CIJ “cercenó la mejor zona y acaba con la industria pesquera que desde hace 25 años se viene desarrollando en las islas”..

En forma paralela, Rosana Torres, de la cooperativa Fishing and Farming (Pesca y Agricultura), que agrupa a alrededor de 200 pescadores de Providencia, no se cuidó en tildar de “desastrosa” la resolución del Alto Tribunal para los isleños. La dirigente gremial puso el dedo en la llaga de uno de efectos más duros de la sentencia: la zona entre los cayos de Serrana y Quitasueño, desde el 19 de noviembre se encuentra en mar nicaragüense. Y si los lugareños planean dirigirse a uno u otro, deberán pasar por aguas del país centroamericano, en medio de un ambiente caldeado por la presencia de embarcaciones de las armadas de uno y otro Estado.

Los residentes de Providencia conocen bien que Quitasueño se constituía en su zona de mayor actividad pesquera y el 70% de la producción pesquera de las islas dependía de ese islote. Ahora no lo pueden hacer y tendrán que movilizarse al cayo Roncador, más pequeño que Quitasueño y Serrana, según anticipó Torres.

Igualmente impactado se mostró Luis Alberto Arenas, titular de la cooperativa de pescadores de Providencia. El aseguró que los integrantes de su asociación temen que los lleven presos a Nicaragua si se movilizan hacia los cayos.

Mientras continúa la evaluación de los efectos del coletazo que asesta el veredicto de la CIJ, los residentes y las autoridades del archipiélago en el Caribe colombiano esperaban con expectativa el encuentro que este sábado 1 de diciembre debían sostener Santos y su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega. La reunión se dio en el marco de la posesión del nuevo mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

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