Inquietud por nuevas reglas a ONG

En las organizaciones no gubernamentales extranjeras (ONG) hay inquietud por los argumentos que el Gobierno ha usado para dar paso a la nueva regulación.

Sus alarmas permanecen encendidas desde la última sabatina de junio. Desde entonces, el presidente Rafael Correa y su equipo han cuestionado la tarea de una parte de esas ONG, que supuestamente esconden intereses desestabilizadores externos.

Esa postura desembocó en una nueva reglamentación, como un escudo para defenderse de los aparentes ataques, que el Ejecutivo señala que son de la extrema de derecha e izquierda (ver breves).

Sin embargo, actores cercanos de ONG, así como algunos de sus representantes, dicen que el radicalismo del Gobierno exterioriza un prejuicio ideológico. Su postura se sustenta en el Decreto 812, que contempla castigos como la expulsión para las fundaciones que realicen actividad política.

“El Gobierno ha intentado controlar y copar todos los espacios posibles”, afirma Humberto Cholango, presidente de la Conaie.

Aunque Correa no ha mencionado directamente que la Conaie recibe apoyo de ONG, sus palabras han evidenciado que su tarea le molesta. “Cerrando carreteras y tirando piedras quieren imponer sus agendas”.

Según el listado de la Secretaría Técnica Internacional de Cooperación, la Conaie tiene el apoyo de la danesa Ibis, aunque Cholango dice que ese convenio ya feneció. “Jamás nos hemos movilizado con plata extranjera”.

Y aunque el Gobierno dice que las ONG no deben tener participación política, sí ha recibido ese tipo de ayuda. Quizá la participación más evidente fue la del Centro de Estudios Políticos y Sociales de España. Ese grupo asesoró a la Constituyente en Montecristi, a Carondelet y a la Cancillería.

Participación Ciudadana (PC) también ha sido tachada por el Gobierno, acusándola de recibir fondos de la cooperación internacional para cuestionar su trabajo.

Sus representantes no están en contra de que sean regulados, pero sí les preocupa que los controles excesivos tengan como origen un prejuicio ideológico.

“Si la motivación proviene de animadversiones ideológicas, solo se conseguirá la desaparición de las ONG, con una lesión a la democracia”. Así lo dice Ruth Hidalgo, directora de PC, que recibe recursos de la Agencia de Cooperación de EE.UU. (Usaid).

Correa no ha escondido su malestar con esta agrupación. Por ejemplo, no le gustan sus reportes de medios, que han advertido del amplio espacio que el Gobierno goza en medios públicos.

En la misma tónica se ha referido a Fundamedios, que alerta de acciones que ponen en riesgo el libre ejercicio de la prensa. Para el Gobierno, esa labor ha caído en el campo político, poniendo en riesgo su estabilidad política

Fernando Alvarado, vocero de Carondelet, sugiere que Fundamedios, con financiación externa, no tiene pruebas para sostener que la democracia y los derechos humanos están en riesgo.

Rastros de ONG en A. País

César Ricaurte, director de Fundamedios, prefiere no entrar en la polémica, aunque topa un punto clave: el Gobierno critica a las ONG, cuando varios de sus funcionarios han tenido un paso por estos espacios ciudadanos.

Ese es el caso de Gustavo Jalkh, secretario de Correa, que estuvo en Projusticia. O de Javier Ponce, ministro de Defensa, en el Comité Ecuménico de Proyectos.

Sin embargo, el Gobierno parece decidido a cortar el financiamiento de Fundamedios o Participación. El nuevo reglamento señala que no podrán ejecutar proyectos con recursos que provengan de cooperación bilateral directa, como es el caso de Usaid.

“El Gobierno quiere cerrar o, al menos, obstruir todos aquellos espacios en donde se construye la crítica”. Esa es la postura de Alberto Acosta, ex coideario del Mandatario, quien cree que el fondo del asunto es una muestra de la intolerancia a espacios de crítica.

Sus palabras se refieren al caso de Acción Ecológica, una ONG nacional crítica, que el Gobierno suspendió en el 2009 de forma temporal, porque supuestamente incumplió sus objetivos.

Con estos antecedentes, desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) se señala que el Gobierno no comprende el papel de las ONG. Su representante, Manuel Chiriboga, dice que su tarea no es solo prestar servicios, sino ocuparse de temas públicos y de interés social. “Es importante distinguir la acción política del espacio público de la política partidaria”.

"Nuestro trabajo proviene de fondos lícitos como Usaid, con informes anuales".
Ruth Hidalgo/ Part. Ciudadana

"Es importante distinguir la acción política del espacio público de la política partidaria".
Manuel Chiriboga/ONG Rimisp

"Fudamedios se ha aliado a grupos políticos para criticar la gestión del presidente Correa".
Fernando Alvarado/ Vocero oficial

"El Gobierno no soporta la crítica. Ese es el punto medular. Es una muestra de intolerancia".
Alberto Acosta/Ex Ministro

"Las ONG que hacen política incluso tienen convenios políticos con los ministerios".
Humberto Cholango/Conaie

"Hay gente del Gobierno que fue parte de la sociedad civil y que trabajó con la Usaid".
César Ricaurte / Fundamedios

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