31 de May de 2011 00:02

El informe final sobre las cuentas de El Telégrafo todavía está en revisión

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El reporte definitivo de la Contraloría sobre El Telégrafo estará listo en las próximas semanas. Esa auditoría se encuentra en etapa de revisión.

Pero, ayer generó las primeras reacciones. El subdirector del periódico público, Orlando Pérez, responsabilizó a la administración anterior (Ricardo Murillo) por las pérdidas económicas señaladas por la Contraloría.

El organismo de control detectó varias presuntas irregularidades en el manejo del medio de comunicación desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de enero del 2010. Durante ese período, el matutino estuvo bajo el manejo del Gobierno Central.

Las principales dudas de los autores fueron sobre una pérdida de USD 3,3 millones en ejemplares que fueron dados en cortesía; el financiamiento para adquirir su nueva rotativa y las deudas que mantiene por publicidad.

Pérez no quiso responder sobre las falencias en las cuentas del diario matutino. “Sobre cuestiones administrativas y financieras tiene que hablar con Franklin San Andrés (gerente del medio de comunicación), yo soy periodista y no sé nada sobre eso”.

Durante la tarde de ayer San Andrés estuvo en reuniones, según dijo su asistente, por eso no pudo atender a este Diario.

Las observaciones de Contraloría fueron que se evidenció que hubo un tiraje de 22,4 millones de ejemplares durante los tres años auditados. De ellos, 18 millones estuvieron aptos para ser vendidos, pero el resto se dañó.

En el documento, a que este Diario tuvo acceso, se señala que El Telégrafo entregó dentro de la figura de cortesía 13,2 millones de ejemplares. Es decir, que únicamente se comercializaron 5,2 millones de los 18 que estaban aptos para ser distribuidos.

Sobre el procedimiento para comprar una nueva rotativa, la principal duda fue que el Ministerio de Finanzas asumió la totalidad del financiamiento del proyecto y no se contó con el respaldo de la Corporación Financiera Nacional (CFN) como se prevía.

El tercer punto de la auditoría explica que El Telégrafo mantuvo cuentas por cobrar de hasta tres meses con su clientes; los cuales eran especialmente entidades del sector público. Este retraso habría afectado las arcas del diario.

Las autoridades de El Telégrafo presentaron sus alegatos. Esos pronunciamientos fueron a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría, la cual determinará si caben sanciones civiles o administrativas. Eso se conocerá en el informe definitivo.

El ex contralor, Alfredo Corral, explicó que cuando un informe pasa a la Dirección de Responsabilidades se prevé que en el estudio se hallaron posibles sanciones administrativas o civiles; pero no penales. “Es un trámite interno para señalar las responsabilidad que pueden ser la presencia de glosas, sanciones o hasta la destitución de un funcionario”.

Para el jurista, Farith Simon, el futuro judicial en ese caso deberá resolverlo la Contraloría; pero él cree que no se podrá acusar de un supuesto abuso de fondos públicos por las pérdidas en la comercialización gratuita de diarios.

Su criterio se basa en que la tipificación de ese delito establece que debe existir el beneficio para una tercera persona. “En este caso puede haber un mal manejo económico”, explicó Simon.

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