Ministro, ¿cómo está su permanencia en el Ministerio del Interior?
Cuando hay un cambio de año por supuesto siempre se dan análisis, evaluaciones… Eso está en manos del Presidente de la República. Luego del 30 de septiembre puse a consideración mi cargo, desde el día siguiente. En ese momento, él me indicó que continuara en mis funciones.
¿Había planes pendientes?
El 30-S afectó no solamente la confiabilidad de la ciudadanía en la Policía o la imagen del país a escala internacional. Se afectó también la dimensión de metas y programas que nos habíamos propuesto y su absoluto logro. Se tuvo que prescindir de seis generales, se tuvo que relevar los mandos en todas las provincias.Usted les exigió cuentas a los policías, la depuración interna. ¿Esos procesos no generaron malestar interno, para llegar al 30-S?
A cierto nivel por supuesto que había ciertas resistencias. Sobre todo en las investigaciones relacionadas con temas de malas prácticas policiales, la reapertura de casos de DD.HH. Pero tenemos claro que ningún proceso de modernización da todos sus frutos si no está acompañado de un proceso de transparencia, rendición de cuentas y reforma.
Los excesos en procedimientos policiales persisten. Los casos Quimis en Guayaquil, Barros en Cuenca, GAO en Quito. ¿Qué hace el Ministerio frente a esos hechos?
La única respuesta es la transparencia absoluta, el acceso a la información y la reacción oportuna frente a esos hechos. La Dirección de DD.HH. de este Ministerio le da seguimiento a los casos y Asuntos Internos de la Policía ha entendido que ese es un mecanismo de trabajo y coordina con la Dirección y algunos casos desembocan en procesos judiciales, como el de Cuenca. Tenemos claro que la fuerza es una herramienta que debe usar la Policía para servir y proteger a los ciudadanos y a la propia Policía, lo que no puede usar es la violencia, salirse de los cánones en el uso de un arma. De lo que se trata es de reducir los márgenes de discrecionalidad y aumentar los de transparencia.¿Solo en la Policía?
Eso es lo que debe hacer la Función Judicial: ampliar sus márgenes de rendición de cuentas porque la fórmula inversa nos lleva a la corrupción. A veces nos indigna que mucho esfuerzo, una gran cantidad de trabajo que se hace en este Ministerio y en la Policía, se diluye en malas decisiones judiciales. Desde hace seis meses hemos dicho que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una causa nacional.¿Y la transparencia en la selección del personal? Asuntos Internos determinó posibles anomalías en el ingreso de cadetes a la Escuela Superior de Policía…
Se dispuso una investigación de Asuntos Internos, profunda, rigurosa. El expediente fue entregado a la Fiscalía, así que ahí tendrán que responder quienes hayan participado en tráfico de influencias, en corrupción. Para los nuevos procesos de formación hemos establecido veedurías ciudadanas, con la presencia de elementos tecnológicos.
El servicio en la Policía Judicial tiene fallas. Hay agentes que no ofrecen un servicio de seguimiento a los delitos. La ciudadanía se queja.
El abandono de la PJ ha sido tan grande, durante tanto tiempo. Se autofinanciaba con el cobro de récords policiales. Ahora van a tener financiamiento propio. Estamos implementando las pruebas de confianza para todos sus integrantes, porque hemos creado unidades antidelincuenciales y estas han dado resultados.
La disputa de mafias del narcotráfico en Quito muestra otra cara de la violencia. ¿Cómo se realiza el seguimiento al narcotráfico interno en rutas de la droga en la Costa, Guayaquil?
Lo que se ha visualizado del operativo en La Mariscal es un trabajo de la Policía a nivel de Inteligencia muy efectivo. Está entrando violencia al país con nuevas prácticas delincuenciales, en varios niveles por varias causas: narcotráfico, impunidad, justicia por mano propia, violencia intrafamiliar. En el caso del narcotráfico la Inteligencia se ha fortalecido, no solo en la perspectiva del mercado internacional y del tráfico, sino en la violencia interna.
¿La Policía se desbordó?
Es un tema de aportes, donde hay que redoblar esfuerzos en la requisa de armas, porque históricamente la falta de regulación y control de fábricas de armas artesanales han llenado al país de armas de bajísimo costo. Se están requisando alrededor de 5 000 armas al año a escala nacional, pero si calculamos que tenemos alrededor de 100 000 armas, entonces solo en 20 años acabamos el trabajo. Con FF.AA. redoblando esfuerzos para requisa de armas, solo eso justifica el trabajo. Además hay coordinaciones de Inteligencia. Una sola medida no va a resolver la inseguridad.
Ud. considera que la pata coja es la Justicia. Hay reformas penales, endurecimiento de penas, la reforma a la Ley de Seguridad para dar discrecionalidad a los militares. ¿Esa es la salida?
Hay que abordar el tema desde todas las perspectivas. En el caso de las leyes se requiere revisarlas, mirarlas. Pero tampoco podemos pensar que su sola reforma es la solución final. Es la aplicación de la ley. Se requiere analizar la acumulación de penas y el endurecimiento de penas en cierto tipo de delitos porque en sí mismos significan el rechazo social a la violación de un valor social, de una afectación a la vida de una persona, a la violación de un año. Esa norma de acumulación de penas o de pena más dura debe ser aplicada. Y ahí es donde entra en juego el sistema de justicia.