15 de May de 2012 00:04

La independencia del Poder Judicial será parte del examen periódico en DD.HH.

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Una de las 10 recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formuló a Ecuador, en el 2008, tenía que ver con la reforma al sistema judicial.

El Gobierno ecuatoriano aceptó esta recomendación, dentro del primer Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido hace cuatro años.

Luego de la consulta popular del 2011, el Régimen emprendió un ambicioso proyecto de reestructuración del Poder Judicial que, en teoría, deberá extenderse hasta diciembre próximo.

Uno de los primeros pasos que se dio en este proceso fue la creación de un Consejo de la Judicatura transitorio, que se encargó de elegir y posesionar a los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Además, ha emprendido un proceso de evaluación de unos 5 000 jueces y la creación de unas 2 900 vacantes.

En el informe que la delegación ecuatoriana presentará la próxima semana en Ginebra (Suiza), durante el desarrollo del segundo EPU, se menciona a la reforma judicial como uno de los aspectos centrales de los compromisos que el país mantiene en DD.HH.

Para el Régimen, el Programa de Reestructuración de la Justicia contempla la capacitación, remuneración y promoción permanente de los servidores de la Función Judicial, a través de un esquema de méritos y la creación de una Escuela Judicial.

En cuanto a la conformación de la nueva Corte Nacional de Justicia, el informe que se leerá en Ginebra hace hincapié en la ejecución del “concurso público, realizado de manera transparente, tomando en cuenta los méritos y la paridad de género”.

Sin embargo, la forma en la que el Gobierno avanzó con todo este proceso ha generado varias críticas. Entre ellas está la que el fin de semana realizó la veeduría internacional, coordinada por el juez español Baltasar Garzón. En su cuarta conclusión, esta instancia advierte que la reforma judicial en marcha “debe plantearse desde una perspectiva de política pública, de extensa duración, previendo y fortaleciendo la independencia interna y externa y la imparcialidad del Poder Judicial, con base en el principio de estabilidad y permanencia de los servidores judiciales”.

Por ello, en su sexta recomendación, Garzón insiste en “garantizar el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, aún en casos de conmoción pública (...)”.

Los reparos a la forma en la que camina la actual reforma judicial también salen de organizaciones internacionales como Human Rights Watch. En el informe elaborado por sectores de la sociedad civil, que se leerá en Ginebra la próxima semana, esta instancia asegura que la manera en que se impulsaron las reformas a la justicia “podría aumentar el poder del Gobierno de influir en el nombramiento y la destitución de los jueces”. A criterio de Human Rights Watch, los cambios introducidos desde el Gobierno no aplican “la recomendación 9 del EPU (del 2008), en la que se pedía una mayor independencia del poder judicial”. Estos temas alimentarán el debate del segundo examen que se realizará este lunes.

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