Human Rights critica a ley de medios

La ley de Comunicación preocupa a la Human Rights Watch, una influyente organización de defensa de los DD.HH. en el continente.

José Miguel Vivanco, director para América de la organización, envió una carta al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, donde se detallan varias observaciones sobre el proyecto legal que será discutido desde septiembre en la Legislatura.Human Rights Watch analizó el documento elaborado por la Comisión de Comunicación de la Asamblea. En su estudio advirtieron que existen medidas positivas, como: “la prohibición expresa de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación y promoción de subtítulos o el lenguaje de señas para permitir un acceso equitativo a quienes padecen discapacidades auditivas”.

No obstante, expresó su preocupación por artículos que atentan contra los derechos fundamentales. Entre ellos el 9, en el cual se incluyen condiciones previas para la información que difundan los medios.

Ese artículo señala que la información debe ser verificada, contextualizada, oportuna y veraz. Según la carta de Vivanco, esto se contrapone con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DD.HH.

Esta norma internacional señala que: “condicionamientos previos, como veracidad, oportunidad o imparcialidad son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”.

El análisis de Human Rights Watch detecta otro peligro en este artículo si se lo relaciona con el número 29. Este inciso asegura que no habrá censura previa, salvo en casos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la Ley.

Para la organización internacional, este lenguaje amplio “otorgaría discreción al Gobierno para determinar qué información no es veraz y habilitaría la adopción de leyes que impidieran la publicación y difusión de información cuando las autoridades consideren que no es veraz. Esto configuraría una típica situación de censura ilegítima”.

Ángel Vilema, asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión que armó el proyecto legal , aseguró que el artículo 9 será revisado en el segundo debate de la ley. El legislador intentó eliminar ese artículo del proyecto, pero no logró convencer a todos. Su coidearia, Betty Carrillo, no dio el voto definitivo para que el artículo 9 saliera del documento.

Human Rights Watch se preocupa también por la intención de sancionar a los medios de comunicación por la inobservancia de los códigos de ética o por difundir cartas que no estén debidamente respaldadas con la firma de identificación de los autores.

Para el organismo de DD.HH. pretender colocar sanciones por el irrespeto a los códigos de ética es una “injerencia arbitraria y desproporcionada en el funcionamiento de los medios”. Mientras que obligar a que todas las cartas sean respaldadas con una firma determina una violación al derecho del periodista, reconocido mundialmente, por la reserva de sus fuentes y documentos.

Además, critica la obligación de que personas que posean un título en Comunicación Social sean las únicas que puedan trabajar en medios de prensa.

La inclusión de estas observaciones dentro del debate legislativo, al parecer, será complicada. El presidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, recordó que en julio pasado se reunió con una delegación de Human Rights Watch para conversar sobre la proyecto legal.

Él dijo que hay apertura para escuchar las críticas, pero explicó que sus observaciones solo pudieran ser consideradas en caso de que sean presentadas por alguno de los 124 asambleístas.

Andino, como titular de la Comisión, es el único con la potestad de cambiar el texto del proyecto antes de su votación.

“Tengo apertura para escuchar las propuestas y modificar el texto en caso de que violen la Constitución. Pero los medios deben ponerse de acuerdo. Critican el artículo 9, pero hay una campaña que dice que toda la información que difunden es veraz”.

Fausto Cobo, de Sociedad Patriótica, aseguró que la versión de Andino es correcta y que las únicas observaciones que pueden ser aceptadas a debate deben ser presentadas por un legislador. “Yo lo haría con mucho gusto”, dijo el legislador de oposición.

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