HRW: ‘Ecuador debe asegurar la independencia judicial’

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Redacción Elcomercio.com

Human Rights Watch (HRW), a través de una carta enviada hoy, 29 de enero, al presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señala que la destitución de cientos de jueces empaña la reforma judicial emprendida en el Ecuador.

La ONG, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, indica que desde el año 2011 el Consejo de la Judicatura está integrado -casi totalmente- por ex funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa. Se "ha nombrado y destituido a cientos de jueces aplicando métodos seriamente cuestionables", indicó.

José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo internacional, considera que "el proceso ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país". A su parecer, "hasta el momento, la reforma está yendo en la dirección opuesta".

El país, luego de un referéndum realizado en el 2011, puso en marcha un proceso de reforma judicial destinado a abordar problemas crónicos que afectan al poder judicial como: la corrupción, ineficiencia e influencia política, se indica en la carta.

El actual Consejo de la Judicatura se inauguró en enero de 2013, y reemplazó al nombrado para la transición. Ambas entidades designaron a 1 430 jueces, suspendieron a 273 y destituyeron a 380 entre julio del 2011 y noviembre del 2013, según datos oficiales aportados por el mismo Consejo.

En la mayoría de las destituciones se consideraron que los jueces habían transgredido un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que, con una "redacción poco precisa, prohíbe a funcionarios judiciales desempeñarse con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable", acota la ONG.

Sin embargo, conforme a los estándares jurídicos internacionales, los jueces solamente podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo "por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones".

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriel Knaul, indicó en particular que "los jueces no deben ser apartados de su cargo debido a errores en sus resoluciones".

A su vez, en el 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición designó a la totalidad de los 21 miembros del más alto tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a sus suplentes. Para ello se aplicaron "mecanismos que carecen de la objetividad y la transparencia" exigidas por los estándares internacionales relativos a independencia judicial.

Para comprobar el proceso, el Gobierno ecuatoriano conformó un órgano internacional integrado por miembros de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España, el cual evaluaría el proceso de reforma judicial que estaba en marcha. En su informe final, emitido en diciembre del 2012, los veedores invitados "criticaron el artículo que sirvió como base para despedir a los jueces, así como la selección de miembros de la Corte Nacional de Justicia".

Para la HRW es indispensable, para la justicia y el estado de derecho, que el Consejo de la Judicatura adopte medidas para asegurar que se cumplan con estándares internacionales sobre independencia judicial.

Concretamente la carta enviada al Presidente del Consejo de la Judicatura sugiere, entre otras cosas, implementar las recomendaciones relativas al nombramiento y la destitución de jueces formuladas por los veedores internacionales designados por el Gobierno.

Asimismo propone que se debe trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para invitar al país a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriel Knaul. Ella sería quien evalúe la situación de la independencia judicial.

Finalmente Human Rights Watch exhorta al Gobierno ecuatoriano a fortalecer y mantener la independencia de la institución judicial.

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