Hoy, desde las 08:30, se realizará la audiencia de preparación de juicio en contra de los cuatros veedores del caso Gran Hermano.
El Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha escuchará hoy los argumentos de la Fiscalía y de la defensa sobre el proceso que se inició en contra de José Quishpe, Pablo Chambers, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo.
Ellos fueron acusados por el presidente Rafael Correa de supuestamente cometer falso testimonio y perjurio, por el informe que presentaron en febrero pasado los cuatro hombres a la Contraloría General del Estado, sobre los contratos que Fabricio Correa, hermano del Presidente, suscribió con el Estado.
En ese documento, que se realizó con base en documentos certificados de las entidades públicas, se estableció que las firmas vinculadas a Correa recibieron contratos y subcontratos que llegarían a los USD 800 millones. En ese reporte también establecieron que el presidente de la República, Rafael Correa sí conocía de esas contrataciones.
Sin embargo, una de las evidencias que la Veeduría adjuntó a su informe es la supuesta grabación de una entrevista al presidente Correa, en radio Sonorama, realizada a pocas semanas de que se conocieran los negocios que Fabricio Correa tenía con el Estado, en junio del 2009. En el audio se escucha que el periodista le pregunta a Correa si sabía de los convenios de su hermano, a lo cual responde que sí conocía sobre la compra de la empresa Cosurca y del préstamo de USD 10 millones de la CFN a Megamaq, ambas adquiridas por el hermano del Mandatario.
Pero Correa desmintió esta afirmación y demandó penalmente a Qhishpe, Chambers, Portillo e Hidalgo.
En la audiencia de formulación de cargos, previa al inicio de la instrucción del caso, el fiscal Patricio Navarrete afirmó que esa conclusión “es falsa de falsedad absoluta, por cuanto es público y notorio que el Presidente no sabía de los contratos”.
La de hoy es la cuarta citación que realiza el Juzgado Quinto de lo Penal para que se realice la audiencia para conocer la instrucción fiscal. Las otras tres veces la diligencia judicial se suspendió por distintas causas.