Tal vez sea cuestión de horas o de unos días más. Esta es la respuesta que Julio César Sarango, abogado del asambleísta Cléver Jiménez, da cuando se le consulta sobre la eventual detención de este legislador por Zamora Chinchipe.
Esta madrugada, supuestamente, debía ejecutoriarse la sentencia a 18 meses de prisión en su contra y al pago de USD 140 000, como indemización al presidente Rafael Correa, en un juicio de injurias por hechos relacionados al 30-S.
La Sala Penal de la Corte Nacional negó, el pasado jueves, los recursos de ampliación y aclaración de esta sentencia impuesta también contra el asesor de Jiménez, Fernando Villavicencio, y el médico Carlos Figueroa, aunque este fue condenado a seis meses.
El abogado Sarango señala que como este caso, en su criterio, ha estado lleno de arbitrariedades, es posible que los jueces nacionales no den paso al nuevo recurso de anulación que presentó, alegando que los jueces Vicente Robalino, Gladys Terán y Mariana Yumbay no eran competentes para decidir sobre la primera nulidad. Por eso desconoce si, en efecto, hoy se procedería con la detención de sus defendidos o pasarán algunos días más. Para tal efecto, la ratificación de la sentencia pasaría a manos de la jueza de primer nivel, Lucy Blacio, quien sentenció este caso, para su ejecución.
La defensa del legislador también apeló otro recurso negado, en días pasados por la Corte Nacional, para que la causa fuera consultada por la Corte Constitucional.
Mientras el tiempo corre en contra de Jiménez, su abogado señala que él y Figueroa continuarán hasta el último día de libertad al frente de sus actividades. Jiménez tiene previsto ir a la Asamblea esta semana. “Lo único que mis defendidos no harán será pagar los 140 000 dólares de indemnización fijados por la jueza pues no cuentan con ese dinero”, señala.
Por su parte, Villavicencio está fuera del país, desde enero pasado, argumentando ser víctima de persecución política por las supuestas denuncias de corrupción que ha presentado sistemáticamente.
De disponerse estas detenciones, los acusados recurrirán a instancias internacionales.
La jueza Blacio tramitó este juicio que surgió como una contrademanda, interpuesta por el presidente Correa por injurias. Jiménez, Villavicencio y Figueroa habían presentado a la Fiscalía una denuncia contra Correa por lesa humanidad, durante la rebelión policial.
La defensa cuestiona que la jueza Blacio no haya pedido a la Asamblea la autorización para enjuiciar a Jiménez, por lo que advierte que se “violó su inmunidad parlamentaria”.
Un caso polémico
Agosto 2011 Jiménez presentó una demanda contra Correa en la Fiscalía por su actuación en el 30-S. Esta se rechazó.
Mayo 2012 El Presidente contrademandó a Jiménez, Villavicencio y Figueroa por el delito de injurias .
Abril 2013 La jueza Lucy Blacio condenó a los acusados. No pidió autorización a la Asamblea.
Enero 2014 Tras la apelación de la defensa, la Corte Nacional ratificó la sentencia que está por ejecutoriarse.