13 de June de 2012 00:03

La historia de Marcelo Rivera tras las rejas...

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A las 04:00, ‘get up’ ( levantarse en inglés). Y como último punto: 20:00, dormir. Eso se lee en una lista en la que precisa sus horarios de aseo, comida, estudios… Y que vendría a ser la agenda rutinaria de Marcelo Rivera Toro, escrita sobre un pedazo de papel pegado en una de las paredes de la celda de 4 x 4 metros, que él llama departamento. Lo comparte con una persona con discapacidad, acusada de porte ilegal de armas.

Desde hace dos años y seis meses, el ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) permanece detenido. El 11 de marzo del 2011 llegó a la cárcel de Sucumbíos, a seis horas de su residencia, en Quito, si se viaja en vehículo particular. Y a siete en bus.

El mes pasado, en Ginebra, ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, el canciller Ricardo Patiño afirmó que “en el país no se persigue a los opositores y que el único preso por protestar era Rivera”.

El Ministerio de Justicia negó a este Diario la autorización para entrevistar a Rivera en Sucumbíos. Por ello, una periodista de este diario acudió a la cárcel miércoles pasado, en un día de visita.

Antes, Rivera -hoy con algo de sobrepeso e hígado graso debido a la mala alimentación- estuvo retenido en el penal García Moreno de Quito, desde donde lo trasladaron a Lago Agrio, sin justificación. Fue condenado a tres años de prisión y a USD 298 665 de multa por “agresión terrorista”, según la sentencia del Tercer Tribunal Penal de Pichincha, el 5 de noviembre del 2010.

El Tribunal lo condenó por los hechos del 8 de diciembre de 2009, cuando Rivera encabezó una turba que provocó desmanes en la Universidad Central, la segunda más numerosa del país. Y por participar en la agresión al rector Édgar Samaniego.

Ese día, a través de un micrófono, anunció la ocupación de la sala donde se reunía el Consejo. Lideraba a universitarios y a colegiales del Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez, entonces anexos a la Facultad de Filosofía. Ese era el bastión del Frente Revolucionario de Izquierda Universitario y del MPD, que gobernó a la FEUE de 1975 a 2010 y que por 20 años colocó al rector.

Rivera es uno de los 154 ecuatorianos que, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), el Frente Popular y sus brazos políticos -Pachakutik y MPD- han sido procesados, como parte de una política de criminalización de la protesta social en el país. Sus expedientes ya están en la Asamblea Nacional.

El 22 de marzo, tras la Marcha por la vida, Humberto Cholango, titular de la Conaie, pidió al Presidente del Legislativo que se les otorgue amnistía.

“No me permiten transitar por las calles, pero soy libre mentalmente. No estoy confinado en Siberia”, dice, sonriendo Rivera, quien viste jeans y una camisa.

Lo aclara tantas veces que parece necesitar verbalizarlo para creérselo. Repite las mismas proclamas sobre autonomía universitaria, libre ingreso y lucha revolucionaria de su época de dirigente estudiantil.

“El encierro provoca reflexión y me ha ayudado -comenta- a afianzar mis ideas”. Rivera ha pasado más de la mitad de su vida entre la Juventud Revolucionaria del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios y la FEUE.

Sin embargo, ya no se lo ve como el ardoroso militante, que defendió al actual Gobierno, en el 2007, empeñado en acabar con el Congreso, para que se reforme la Constitución. Su participación en la agresión al ex diputado Osvaldo Flores (Prian) dio lugar a que en abril de este año le impusieran un año más de prisión.

Pese al encierro, Rivera no deja de ser irónico. “Todas las mañanas lo primero que veo es la firma de Samaniego”, dice. Y, entre carcajadas, señala la rúbrica en el título que lo acredita como licenciado en Ciencias Sociales, de la U. Central. Charla sentado en una silla plástica. Detrás de él aparecen, como si fueran parte de una decoración excéntrica, el lavabo y el retrete. Un paso más atrás está la ducha, cubierta con una cortina, única señal de privacidad.

El piso es de baldosa. Hay espacio para dos camas de una plaza y una mesa que le sirve como escritorio. Cursa el cuarto nivel de Derecho, a distancia en la U. Técnica Particular de Loja, que lo becó en este semestre por sus notas. Así que su madre, Norma Toro, de quien heredó los ojos achinados, por esta vez no tuvo que juntar los USD 400 de la colegiatura.

“Ni la cárcel ni la muerte detendrán nuestra acción, pelear junto al pueblo por la revolución”. Eso les dice a 12 personas que coincidencialmente lo visitan y hacen que la celda parezca aún más pequeña y asfixiante por el clima cálido-húmedo de la Amazonía.

Uno es Paúl Velásquez, titular del Frente Popular. Su madre, de 59 años, también está presente. Él la llama a diario, de un teléfono que funciona con recargas. Ella le lleva cada 15 días ropa limpia.

Rivera admite que ha perdido a una novia debido a la prisión. Y que le da tristeza no ver a su hija de 9 años, quien vive en Cuenca y hace poco le dijo: “Ya sé por qué estás preso… Por ese señor que estaba en los carteles que tenías”, en referencia al Che Guevara. Entre un libro de Pablo Neruda, diccionarios, folletos y discos de Metallica, tiene una foto y una gorra roja con la figura del guerrillero.

El ex número uno de la FEUE mantiene su perfil de dirigente. Cada 20 minutos alguien golpea a la puerta de metal verde de la celda y le pide las llaves. Es el coordinador del pabellón de 150 detenidos (en la cárcel hay 350).

Al llegar a un centro nuevo no tardó en formar el comité de internos. Prepara un Código de Convivencia; les aconseja no amotinarse pues su situación podría empeorar si los trasladan a La Roca, en Guayaquil. Rivera trabaja en la biblioteca, alfabetizó a un asesino y luego al ver el interés de los reclusos, con ayuda de la UNE, logró que la Escuela Juan Jiménez instaurase una extensión en esa prisión. Además, brindó un curso rápido de informática…

“La parte más importante de la computadora es el CPU. Eso es lo que tienen que sustraerse, si se ofrece”, dice que les sugirió a sus compañeros, y ríe a carcajadas, mostrando los brakets que empezó a usar para mejorar su sonrisa: quiere una propia de un candidato a legislador. Aunque, en la práctica, no tuvo suerte como postulante a concejal y diputado.

“El Gobierno mide hasta dónde puede llegar, supo hasta dónde hacerlo con el diario El Universo”, afirma. Y reconoce que pudiera declararse insolvente, pues no cuenta con recursos para pagar los casi USD 300 000 por los daños a la U. Central. Por ello, perdería sus derechos civiles y políticos. Pero está claro: quiere defender a los luchadores sociales criminalizados y trabajar en rehabilitación social. Su futuro legal es incierto. Uno de sus abogados, Marco Cadena, tramitará la rebaja de la pena, para que salga libre en diciembre y no se le obligue a pagar su segunda sentencia.


297 casos   por terrorismo

Los pedidos de  amnistía deben aprobarse en el Pleno de la Asamblea, con 83 (de 124 votos). Édgar Samaniego, rector de la U. Central, asegura que “la FEUE al mando de Marcelo Rivera era agresiva, violenta y garrotera (...) entregada al MPD”. Y que eso deterioró su  imagen y permitió la  corrupción.

Por eso él está en contra de que el Legislativo conceda la amnistía a Rivera. “Sería el más grosero insulto que se le dé a la U. Central”. Cuestionado sobre la figura penal utilizada en contra  del ex dirigente universitario, el procurador José Robayo  indica que  el Ministerio Público  determinó ese tipo penal.

¿Por qué ni León Febres Cordero acusó a los Alfaro Vive Carajo de agresión terrorista? El rector Samaniego contesta: “En esa  época   no se enjuició con esa figura, pero se los atacó con revólveres y fusiles”.

Elsie Monge, quien presidió la Comisión de la Verdad, opina  que en Ecuador no hay terroristas;  que sí existen esos grupos en  Afganistán y Pakistán. Según la Fiscalía General del Estado, desde enero hasta abril del 2012 se han registrado 297 casos de  acusados por sabotaje y terrorismo, 26 con sentencia condenatoria.   
 
“En mi país  hay más de 1 500 dirigentes perseguidos, algunos hasta con 20 juicios, varios por terrorismo. En Colombia se los asesina incluso”, señala el  peruano Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que estuvo en Quito, en una convención.    

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