1 de March de 2011 00:00

Aún hay vacíos sobre el 30-S

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Casi a cinco meses de los hechos, la Fiscalía ha logrado acusar a cuatro policías de intento de asesinato contra el presidente Rafael Correa, en la insubordinación del 30 de septiembre y que ha sido calificada por el Gobierno como intento de golpe. Fidel Araujo, mayor (r) del Ejército y antes próximo a Sociedad Patriótica, es el quinto, por incitar a la rebelión.

Uno de los policías se entregó voluntariamente; a este ex mando del extinto GAO se lo identifica como quien incitó por la radiopatrulla a quitarle la vida al Presidente mientras estaba en el hospital policial. Otros dos, también acusados de tentativa de asesinato, serían responsables de echar al Mandatario gas pimienta y quitarle la máscara antigás mientras intentaba dejar el Regimiento Quito. El último es el ex Director del hospital, acusado de cómplice en el supuesto intento magnicida.

En el caso se percibe una gran presión, no solo porque ha habido una activa participación del Presidente, quien aparece como un acusador informado de los detalles procesales y los ventila públicamente, sino por la necesidad de sustentar una decisión tan grave como la intervención militar que tuvo un desenlace con muertos y heridos.

Les toca a los jueces valorar las pruebas, entre las cuales son mayoritarias las versiones que las evidencias científicas; es más que anecdótico que, de no haber mediado la decisión de uno de los implicados, se habría procesado a un policía inocente como el que quitó la máscara a Correa.

Hasta hoy no queda claro que habrá los suficientes argumentos para sostener, como al inicio, que detrás estaba la parapolicía asociada al crimen organizado y a la oposición, y que hubo financiamiento internacional. Todo esto mientras sigue sin cerrarse el delicadísimo capítulo de la reorganización policial.

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