29 de May de 2012 00:01

Es un grave error desconocer la competencia de la CIDH en los Estados

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Entrevista a Hernán Salgado.

Su formación.  Es Doctor en Jurisprudencia. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en París.
 
Su experiencia. Fue Presidente de la Corte Interamericana de DD.HH. y ex magistrado  de la Corte Suprema.

¿Qué comentario le merece el Informe de Derechos Humanos del Gobierno ecuatoriano y las observaciones hechas en Ginebra?

Por un lado, es positivo que el Gobierno, cumpliendo sus deberes internacionales, presente este informe universal al Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas. Eso es positivo para un país, para sus ciudadanos, para saber qué avances se van dando en esta difícil materia, que son los derechos humanos. Lo que no está bien es que el Gobierno ponga algunos obstáculos para no aceptar determinadas recomendaciones que se dan. Primero, el Gobierno dijo no sobre las leyes que penalizan la libertad de expresión. Entonces, cualquier delito en esa materia es llevado a cortes penales. Esto no es aceptable. Estas infracciones que pueden darse en materia periodística, tienen que ser juzgadas desde el punto de vista civil. Y segundo, sobre el desconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hay un grave error. Debo decirlo con conocimiento del caso que hay un equivoco

¿A qué atribuye usted ese equivoco?

Desde hace un tiempo se ha insistido que la CIDH no es competente para conocer determinadas demandas. Se ha dicho que no tiene competencia para dar disposiciones a un Estado. No es así. Yo pediría que examinen la Convención Americana de DD.HH. y una jurisprudencia de la Corte Interamericana que estableció la competencia de la CIDH. El artículo 41 de la Convención dice que la función principal de la Comisión es “promover la observancia y la defensa de los DD.HH.”, es decir su cumplimiento. Y en el ejercicio de este mandato tiene las siguientes funciones: “formular recomendaciones cuando lo estime conveniente para que los Estados adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus leyes internas y preceptos constitucionales’. Eso es lo que ha hecho la Comisión en materia de libertad de expresión, pero ese es el talón de Aquiles. Ha dado recomendaciones para que de manera progresiva se mejore la libertad de expresión.

¿Qué implicación tiene que un país como Ecuador no acoja completamente las observaciones hechas?

A veces se espera que hayan sanciones coercitivas y drásticas, pero no. En Derecho Internacional Público lo que prima es la buena fe. Los Estados tienen que acoger de buena fe estas obligaciones, que ellos mismos se han impuesto. Los Estados soberanamente han aprobado tratados e instrumentos internacionales que tienen que ser observados y cumplidos de la mejor manera. Ahí está el buen nombre y prestigio de los países ante la comunidad internacional. Una muestra de buena fe del Estado ecuatoriano es que haya presentado ese informe. Ecuador sí debiera acoger estas observaciones y mandatos y de la mejor manera posible.

¿Es posible venderle al mundo que no hay leyes que penalizan la opinión? Cuando ha habido casos concretos que han sido cuestionados desde el exterior.

No, no es posible decir no ha pasado nada, cuando ha habido juicios que con una rapidez y premura inconcebible han ido avanzando mientras la mayoría de juicios están estancados. Tomemos el caso de El Universo. Con una rapidez extraordinaria hubo sentencia de primera instancia y esa sentencia está siendo gravemente discutida de que no es dada por el juez (Juan) Paredes, esto es inconcebible. Se dio la sentencia y con ella una desproporcionalidad de pedir tres años de prisión para los directivos y el periodista y poner ahí un nuevo concepto de coadyuvación, que incluía el pago de USD 40 millones. Las indemnizaciones que la Corte Interamericana ha dado por una ejecución extrajudicial son de USD 350 000. Cuando se cometen errores hay que corregirlos y buscar lo más razonable de acuerdo con las leyes, para evitar que vuelva a pasar.

En el Consejo de DD.HH., hubo cerca de 12 países, como Costa Rica, que pusieron en tela de duda los cambios en la Justicia y demandaron una reforma judicial que dé muestras firmes de independencia. ¿Cuánto pesa esta observación internacional para el Ecuador?

Indudablemente tienen un peso moral importante. Desde muchas partes de fuera del país se está observando que la justicia ecuatoriana está debilitada, que la institucionalidad ha caído a niveles bastante bajos. Me refiero a la independencia e imparcialidad que deben guardar los jueces. No hay jueces independientes ni imparciales. Esta última reestructuración para mí tiene muchas deficiencias. Qué ingenuidad haber querido reestructurar la Justicia con tres personas que no saben del tema. Una de ellas, no conoce nada de derecho y cree que poniendo más computadoras se arregla todo. Y los otros dos, qué conocen del derecho, qué saben de las vivencias judiciales, de los problemas de las materias civil, penal, laboral...

El Gobierno dice sí al monitoreo en DD.HH.
 
El Gobierno está dispuesto a definir mecanismos  para el seguimiento y el monitoreo de las recomendaciones  realizadas a Ecuador, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Así lo señala el informe con las 139 conclusiones y recomendaciones (en un inicio fueron 67, pero el Grupo de Trabajo decidió desglosar varios temas), que se apuntaron en el marco del segundo Examen Periódico Universal  en DD.HH., al que se sometió el Estado ecuatoriano,   la semana pasada en Ginebra (Suiza).  
 
Allí  Ecuador recibió  la preocupación de una veintena de países por la situación de la libertad de expresión, la criminalización de protesta social y la necesidad de que la reforma a la Justicia dé señales claras de independencia.  El EPU también  rescata la política social en los últimos años.

El Gobierno ecuatoriano que dice haberse acogido a un 97% de todo el documento, puso reparos  a temas sobre criminalización de la opinión, la injerencia de la Comisión Interamericana de DD.HH. y a diseño de mecanismos de consulta previa a grupos indígenas. Pero también se comprometió  de manera voluntaria a cinco temas.  

“Continuar sus esfuerzos por implementar  un sistema continuo de información en DD.HH., con el soporte de la ONU”. También señaló que compartirá con el sector público  y la sociedad civil,  las recomendaciones formuladas en el EPU  y diseñará un mecanismo de seguimiento,  implementación y comunicación de  estas conclusiones. También con  las que tengan que ver con el Tratado de DD.HH. Además,  compartirá su experiencia en  el apoyo a las personas con discapacidad.

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