Los cuatro veedores ciudadanos, que presentaron un polémico informe donde ratificaron que el presidente Rafael Correa sí conocía de los contratos del Estado con su hermano Fabricio, acudirán el viernes a una audiencia de Juzgamiento.
La Fiscalía los acusa de haber cometido un delito de fe pública. Ellos aseguran que es una persecución política.
En el informe presentado a inicios del 2011, los veedores concluyeron que hubo ilegalidades en la adjudicación de los contratos; que hubo favoritismo en la adjudicación de obras a Fabricio Correa que llegaron a 657 millones, con un perjuicio para el Estado de 140 millones.
Lea mañana un completo informe.