El Gobierno estima que con el fallo contra seis miembros de la Escolta Legislativa cuenta con una pieza importante para sustentar la teoría del golpe de Estado durante el 30-S. Sin embargo, relacionar la sentencia por atentado contra la seguridad interna del Estado con las acusaciones de conspiración y de intento de magnicidio es una operación delicada.
La decisión judicial del martes da pie a la apelación de las sentencias absolutorias del ex director del Hospital de la Policía, por intento de magnicidio, y del mayor (r) Fidel Araujo por incitación a la rebelión. Pero estirar la sábana para conectar escenarios y delitos distintos puede agitar más unas aguas que han tardado mucho en calmarse.
El Ministro del Interior anuncia para la próxima semana la exhibición de pruebas de una conspiración planificada con anticipación para derrocar al presidente Correa. Si decide acudir a esas pruebas no exhibidas en los procesos respectivos y que habrían sido recopiladas por la Fiscalía, el Gobierno comprobaría su teoría, pero nuevamente saltarían a escena varios cabos sueltos, por ejemplo la supuesta participación militar en la confabulación.
Lo deseable políticamente para el Gobierno sería cerrar el caso y aplicar el indulto, pero el telón de fondo es una Policía afectada y un problema de inseguridad que demanda una institución depurada y activa, con el agravante de que el Gobierno asumió sobre sus hombros toda la solución del complejo problema de la seguridad y el sistema de justicia. El tiempo corre y las decisiones comportan alto riesgo.