El Régimen respondió, el fin de semana pasado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la emisión de cadenas nacionales en contra de Fundamedios.
El 4 de noviembre, el organismo solicitó información al Gobierno sobre la transmisión de las cadenas que, a su criterio, era preocupante pues constituían represalias en contra de Fundamedios y de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes acudieron a la CIDH a presentar denuncias por supuestas violaciones a la libertad de expresión, por parte del Gobierno.
Ahora, el Ejecutivo respondió a esa petición y manifestó su rechazo a la intervención de la CIDH. En la misiva, suscrita por el canciller Ricardo Patiño, se cuestionó la labor de la Comisión y se la calificó de ser parcializada y asumir como ciertos los argumentos de Fundamedios.
Esta falta de objetividad, según el Ministro, se evidencia en un posible conflicto de intereses, pues la OEA, a la que pertenece la CID, es donante de Fundamedios.
Además, “muestra una falta de imparcialidad de parte de la Comisión, en atender las peticiones de los interesados en este tipo de causas y la ligereza con la que se efectúan aseveraciones sin siquiera escuchar a la otra parte”.
También afirma que los medios de comunicación “censuran” al Gobierno y justifica de esta manera la emisión de las cadenas nacionales. “Simplemente buscan informar adecuadamente a la opinión pública respecto a hechos que no se publican jamás en los medios de comunicación privados (…)”.
Patiño también aclaró que no se permitirá el derecho a la réplica, en el mismo espacio y horario, por la emisión de sus cadenas.
Este fue uno de los pedidos de Fundamedios, pues consideró que la información difundida fue falsa. “La cadena nacional no es un espacio de polémica, (…) por lo que no cabe que se solicite un espacio para aclaraciones en el mismo sistema compulsorio de programación”, señaló el Canciller en su misiva.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, expresó su malestar por esta emisión de cadenas y por “las mentiras” que se dijeron en ellas, pues estas, según dijo, promovieron amenazas en su contra y de su equipo. Esta denuncia preocupó a varios organismos internacionales. Por ello, la CIDH pidió al Gobierno que informe si se han tomado medidas para salvaguardar la integridad de Ricaurte.
Para Patiño, el organismo internacional “da por ciertas” esas denuncias. Cuestionó que la CIDH no haya “protegido” al Estado ecuatoriano de la prensa y de la “censura previa” y pide a la Comisión que analice regular el “abuso o uso arbitrario del derecho a la libre expresión y a informar y ser debidamente informado”.
Según el reglamento de la Comisión, el organismo ahora puede determinar qué acciones tomará en este caso.
Campaña internacional
El Gobierno ecuatoriano empezó una ofensiva internacional para promover su idea de cambiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vigila el estado de la libertad de expresión en el país.
Ayer, el Régimen desplegó su iniciativa en el campo diplomático y mediático. El primero estuvo a cargo del canciller Ricardo Patiño, quien en Brasil cuestionó el papel de la CIDH, que funciona bajo la estructura de la OEA.
“A veces hay una cierta tergiversación de algunos organismos internacionales, particularmente de la CIDH, que pareciera ser que se hubiera dedicado de algún tiempo para acá en convertirse como el fiscalizador ” de derechos humanos. Esas fueron las expresiones de Patiño, tras una cita con su par brasileño, Antonio Patriota, en la que analizaron el tema.
En Canciller agregó que “también existe la posibilidad de establecer, desde fuera de la OEA, una institucionalidad nueva, con una lógica distinta” de la CIDH.
En Quito, Rafael Correa fue quien se hizo cargo de la estrategia mediática, en una cita con la prensa extranjera. En ese encuentro cuestionó el enfoque que el organismo regional da a temas como la libertad de expresión.
Y acusó de “abuso de funciones” a la CIDH, luego de que un grupo de periodistas independientes acudiera a esa instancia el 25 de octubre, para denunciar un acoso de su Gobierno contra la prensa.
A raíz de esa denuncia, el organismo ha cuestionado que el Ejecutivo ecuatoriano utilice las cadenas informativas para atacar a los miembros de la prensa privada que fueron a Washington. También ha pedido información del juicio a El Universo.