8 de June de 2012 00:03

El Gobierno reintegra a César Carrión en una adversa coyuntura de DD.HH.

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Una semana después de que el Gobierno reintegrara a la Policía al coronel César Carrión, al que por casi dos años acusara de supuesto intento de magnicidio el 30-S, aún no están claros los motivos políticos que llevaron a esa decisión. Ni el Ministerio del Interior ni la Policía han explicado en qué consistieron las fallas en el debido proceso disciplinario contra el ex Director del Hospital de la Policía. Ese fue el argumento que empleó el ministro José Serrano, para que el jueves ordenase al Consejo de Policías dejar sin efecto la destitución de Carrión.

De hecho, Wilson Alulema, jefe de Estado Mayor de la Policía, evitó ayer pronunciarse. Solo se limitó a decir que es una decisión “tomada” y, por lo tanto, no le compete formular declaraciones.

La defensa de Carrión tampoco ha tenido acceso a la resolución del Ministerio del Interior del 31 de mayo pasado, en el que supuestamente se detallan los aparentes atropellos en el proceso.

Por ello, el retorno del ex Director del Hospital de la Policía ha levantado la interpretación de que el Régimen actuó movido por las críticas externas en materia de DD.HH. y por cálculos electorales. Esta lectura parte del hecho de que la defensa de Carrión alistaba una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya criticó al Gobierno por otros casos, como juicios a periodistas.

Para Carrión y su familia, sus derechos fueron vulnerados al ser expulsado de la Policía, pese a que la Justicia ordinaria ya lo declarase inocente del supuesto intento de asesinato al Presidente.

En la práctica, un día después del ‘perdón’ a Carrión, la posición de sus abogados parece haberse flexibilizado. Vinicio Villa dejó entrever ayer que la demanda ante la CIDH pudiera reverse, dependiendo del trato que reciba el oficial en la Policía (ver recuadro). “Aún no hemos hecho trámites para ser recibidos en el seno de la CIDH. Nuestros planes cambiaron y ahora hay que ver qué ocurre, para tomar una decisión”.

Por este motivo, desde la oposición se cree que el Gobierno busca no levantar más olas en materia de DD.HH., que puedan afectar su imagen de cara a las presidenciales de febrero.

Más aún, cuando en este caso, el presidente Correa, en varias intervenciones públicas, ha pedido de forma abierta a la Justicia y a la Policía que sancione a Carrión.

“¿Cómo puede seguir un tipo así de director del Hospital Policial? (…) Ministro ya se lo dije, este señor inmediatamente afuera del hospital y fuera de la Policía”, lo dijo el 23 de octubre de 2010.

“El caso Carrión sería un elemento que precisamente justifique la presencia, importancia e independencia que debe tener la CIDH”, señaló el legislador Rafael Dávila (Alianza Libertad).

Desde el propio oficialismo se refuerza la hipótesis de que los cuestionamientos en materia de Derechos Humamos y los tiempos políticos gravitaron. El asambleísta Pedro de la Cruz, que defiende la tesis del golpe el 30-S, señala que este caso demuestra que la Justicia no está en manos del Gobierno. “En primera, segunda y tercera instancia se le declaró inocente y, en ese marco, el Ministerio del Interior solo cumplió con esa decisión. Esto demuestra que la Justicia no es dependiente del Ejecutivo”.

En efecto, la falta de autonomía de la Función Judicial fue una de las observaciones que el Gobierno recibió en el Examen Periódico Universal de DD.HH. de la ONU, en mayo pasado.

Otro caso en suspenso

Ayer se suspendió  por segunda vez la audiencia de juzgamiento de 14 policías, acusados del supuesto delito de rebelión, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010.
 
La diligencia fue  convocada para ayer en la mañana. Sin embargo, fue suspendida porque  el fiscal a cargo del  caso, Galeano  Balcázar, pidió que se realice un peritaje de  un  audio y  un video  que presuntamente involucraría a los procesados.

Además, los jueces   del Segundo Tribunal   Penal, Ricardo Cobo, Renato Vásquez y Luis Manosalvas,   solicitaron  una serie de documentos de respaldo que todavía no han sido entregados, por lo que aún no se ha fijado nueva fecha para la audiencia.

El oficial vuelve   hoy a la Policía

El coronel César Carrión acudirá hoy ante la Comandancia General de Policía, para reintegrarse oficialmente a sus funciones.

Ayer,  la institución policial notificó a la defensa del coronel Carrión que se levantó la sanción disciplinaria que se le había impuesto al oficial  porque supuestamente atentó contra la vida del presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Esta decisión fue tomada por el ministro del Interior, José Serrano, el 31 de mayo pasado. En su resolución, el Secretario de Estado dispuso al Consejo de
Generales de la Policía que reintegre a Carrión a la Fuerza, porque se cometió una violación al debido proceso. Aunque ratificó que el oficial había cometido un acto de mala conducta profesional.

Esto fue lo que motivó su salida de la Policía, en diciembre pasado. Pues el Consejo de Generales acusó a Carrión, ex director del Hospital de la Policía, de supuestamente haber querido darle cianuro al Primer Mandatario, según la versión que entregó a la Fiscalía, Holger Guerrero, ex asesor del asambleísta
Fernando Bustamante (Alianza País).

Esta versión fue desestimada  durante el proceso penal al que fue sometido Carrión, por lo que se lo declaró inocente en tres instancias judiciales.

El 1 de junio pasado, el Consejo de Generales acató la decisión de Serrano. Pero recién ayer se notificó de la resolución.

Vinicio Villa, abogado del uniformado, dijo que todavía el Ministerio del Interior no explica en qué consistió la violación al debido proceso, que dio pie al levantamiento de la sanción a Carrión.  

Sin embargo, anunció  que a las 08:30 de hoy, el oficial tiene previsto  acudir ante la cúpula policial y asumirá  sus nuevas tareas.

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