8 de November de 2012 00:01

Gobierno quiere que La Hora rectifique por orden judicial

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El Gobierno inició una nueva pugna legal en contra de un medio de comunicación. Esta vez, para que se lo obligue a publicar en media página una carta de rectificación por una noticia difundida.

El 5 de noviembre pasado, el subsecretario de la Administración Pública, Óscar Pico Solórzano, planteó una acción de protección en contra de diario La Hora, por una nota que fue publicada el 10 de octubre pasado.

La noticia recogía una información que fue difundida por la Corporación Participación Ciudadana, sobre el gasto en publicidad que el Gobierno había incurrido entre enero y septiembre pasado.

Sin embargo, el Régimen consideró que La Hora debía rectificar porque “los datos provienen de fuentes cuya inexactitud ha sido públicamente demostrada con anterioridad”. Así lo señaló Pico en la demanda planteada.

Sin embargo, para La Hora, esta acción judicial no tiene ningún fundamento legal, pues el medio otorgó el derecho a la réplica al Régimen y publicó las observaciones que hizo el Subsecretario, a través de una carta enviada al diario el 11 de octubre pasado.

Según el jurista y catedrático Santiago Guarderas, la demanda presentada es antijurídica y tiene como único objetivo intimidar a los medios de comunicación e iniciar una campaña para “advertir a la ciudadanía que este tipo de cosas no sucederían si se aprobara la Ley de Comunicación”.

Por ello, Juana López, directora adjunta de La Hora, señaló que cumplirán con todos los procedimientos judiciales, para demostrar que el diario no incumplió con ninguna norma constitucional ni se afectó ningún derecho.

Asimismo, el asambleísta César Montúfar, de la Comisión de Comunicación del Legislativo, explicó que este tipo de acciones son las que el Gobierno quiso imponer en la Ley de Comunicación, que está a la espera de ser votada en segundo debate en el Pleno de la Asamblea. “Se busca convertir el derecho a la réplica y a la rectificación en una herramienta para imponer censura previa e indirecta. En este caso, el Régimen quiere que se asuma que su posición es verdadera y que tiene la razón; y por ello se tiene que hacer la rectificación. Está claro que en este caso se debía aplicar la réplica, no la rectificación”, dijo.

La Corporación Participación Ciudadana emite informes mensuales y trimestrales sobre los gastos en publicidad de las instituciones y órganos del sector público, según los valores comerciales de los espacios de los medios de comunicación. Este trabajo lo realiza desde hace algunos años.

“Nosotros hicimos una noticia con base a un informe que publicó (Corporación) Participación Ciudadana, en cuanto al gasto estatal en publicidad. Ellos (el Gobierno) mandaron una comunicación pidiendo una réplica, diciendo que Participación Ciudadana ha mandado datos errados. Pero no nos toca a nosotros rectificar, sino a Participación Ciudadana, de donde salió la información”, explicó López.

Según la normativa, la acción de protección no es el mecanismo legal establecido para que se cumplan las demandas de temas de rectificaciones. El artículo 49, inciso cuarto de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, señala que cuando se trata de rectificaciones de los medios de comunicación, la figura legal es el habeas data.

Además, “quien plantea la demanda (Pico) se arroga las funciones que solo le corresponden al Presidente de la República, como representante del Estado y del Gobierno, según lo que establece el artículo 141 de la Constitución”, afirmó Guarderas.

La demanda planteada

La acción de  protección fue calificada el martes pasado y el Juez XXI de lo Civil de Pichincha convocó a una audiencia a las partes para tramitar el caso.

La diligencia se realiza hoy a  las 14:00, en el Juzgado Civil.

En la demanda,  el Gobierno pide que se prohíba a La Hora publicar cualquier información sobre el proceso  judicial iniciado y se compromete a que los medios  del Estado tampoco lo harán.   

Esto, con el objetivo  de evitar una “ batalla mediática más”.

Sin embargo,  el juez no acogió el pedido hecho por el subsecretario de la Administración Pública, Óscar Pico.

En la diligencia de hoy,  las dos partes podrán  emitir  y presentar todos los argumentos jurídicos con los cuales podrán  respaldar sus puntos de vista.

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