25 de May de 2012 12:29

Gobierno asegura en la ONU que no tiene leyes que criminalicen la opinión

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Ecuador aseguró hoy en la ONU que "no hay leyes que criminalicen la opinión" y que, en consecuencia, no puede eliminar normas "inexistentes", como se lo solicitó Estados Unidos en el procedimiento de Revisión Periódica Universal de la situación de los derechos humanos en el país.

En el informe final emitido al término del procedimiento, al que Ecuador se presentó en Ginebra junto a otros cinco países -conforme a un calendario previamente acordado-, Estados Unidos pidió que se anotase la recomendación de que el país elimine "leyes que criminalizan la opinión" y acepte la visita de enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del relator de la ONU sobre Libertad de Expresión.

A esa petición, el Gobierno de Quito respondió señalando que no puede eliminar algo que no existe y aseguró que no ha negado al referido relator ni a comisión alguna de la OEA la posibilidad de visitar el país.

El representante de Ecuador declaró que, por el contrario, el país ha cursado invitaciones abiertas a los relatores especiales para realizar tales visitas.

En el apartado del informe final sobre Ecuador en el que figuran las recomendaciones de otros Estados, que el país evaluado no apoya, se encuentra una planteada por Suiza.

La Confederación Helvética pide al Gobierno de Rafael Correa "reformar la legislación relacionada con la libertad de expresión con vistas a hacerla de conformidad con los estándares internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

A esto, Ecuador replicó que ha ratificado el Pacto de San José (Convención Interamericana de Derechos Humanos) y, en este sentido, recuerda que su obligación es cumplir con las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Respetuosos como somos de nuestras obligaciones internacionales, no podemos aceptar reformar nuestro marco legal de acuerdo con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando es la Corte, y no la Comisión, la que tiene competencia judicial en esta materia", explicó.

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