Los candidatos cercanos al Gobierno se han logrado imponer en los cinco procesos de selección que hasta el momento ha organizado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En consecuencia, la posibilidad que han tenido los ciudadanos alejados de las esferas de poder, de acceder a un cargo público o de control, ha sido nula.
El organismo ha escogido hasta el momento a cinco autoridades y en todas ellas ganaron los candidatos favoritos del Ejecutivo. Se trata de los tres superintendentes (Compañías, Bancos y Telecomunicación), del Procurador General y del Fiscal General.
Los cuatros primeros cargos, tal y como lo dispone la Constitución, salieron de ternas enviadas por el Ejecutivo. Sin embargo, el proceso de impugnación ciudadana, previsto por la legislación a la que le apostó la Asamblea de Montecristi, no logró cambiar las preferencias del presidente Rafael Correa. Eso se evidenció, por ejemplo, durante la selección de Suad Manssur como nueva superintendenta de Compañías.
La actual funcionaria recibió tres impugnaciones, una de ellas alertaba del presunto conflicto de intereses que tendría su nombramiento pues su hermano, Nassif Manssur, era deudor de la banca quebrada en 1998-1999 .
El 29 de diciembre pasado, día de las audiencias, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el asesor presidencial Francisco Latorre acompañaron a Manssur. Finalmente su candidatura pasó el filtro, apoyada por cuatro de los siete votos del pleno del Cpccs que generalmente están alineados con el Ejecutivo. Diego García recibió ocho impugnaciones, las mismas que fueros desechadas. Solines solo recibió una y Jaramillo, ninguna.
El caso más polémico de selección fue el del fiscal Galo Chiriboga, quien participó en un concurso ciudadano de oposición y méritos. Como lo anunció el presidente Rafael Correa, Chiriboga era el ganador por los ‘ocho costados’, por encima de otros aspirantes con perfil ciudadano.
Los actuales concursos.
Estos cinco procesos de selección no son los únicos que han marcado polémica. Actualmente, el Cpccs lleva adelante el concurso ciudadano para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, y a los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En cuanto al primero, quien encabeza la lista de los mejores puntuados es Ramiro Rivadeneira, ex asesor de Gustavo Jalkh en el Ministro de Justicia, y ex subsecretario en el Ministerio del Interior. Para las vocalías al CNE, quienes lideran las listas son funcionarios que también han estado cerca al Gobierno e incluso han ocupado otros cargos públicos.
Se destaca Paúl Salazar, colaborador de Ricardo Patiño en el Ministerio del Litoral y en la Cancillería. También Domingo Paredes, ex secretario del Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y ex Secretario Nacional del Agua. Estos contendores deberán superar la fase de impugnación ciudadana a fin de demostrar su probidad. Si lo hacen, serán las nuevas cabezas de los organismos.
Frente a un Ejecutivo que ha logrado imponer su gente en estos procesos, ¿cuál es el verdadero espacio que tiene la ciudadanía?
Anunciatta Valdez, subdirectora de la Corporación Participación Ciudadana, mira con preocupación estos concursos. “Cuando todos los ganadores son de una sola orientación ideológica o política, el proceso no es realmente participativo ni de apertura para los distintos sectores”. Si esta te tendencia se mantiene en los procesos que están por venir, el resultado será la antipatía ciudadana; “la gente no participará”.
En el Cpccs, encargado de organizar estos concursos, los vocales de minoría también se muestran críticos. Luis Pachala, David Rosero y Andrea Rivera advierten, de manera permanente, las presuntas irregularidades que rondan en estos procesos. Y cuestionan que en los nuevos funcionarios pese más su cercanía a Carondelet. La semana anterior, Rosero dijo que “la participación ciudadana ha sido castrada”. Incluso, advierte que antes de realizarse los concursos la prensa ha logrado identificar quiénes son los candidatos más cercanos al Gobierno y que, finalmente, son los que logran imponerse en los concursos.
Rivera recordó que el espíritu de este nuevo mecanismo de selección era escoger a gente alejada del poder. Su colega, Mónica Banegas, opina lo contrario. Advierte que todos estos procesos han sido públicos y con las respectivas etapas de impugnación. “Nosotros hemos aplicado todos los reglamentos”.
El nuevo CNE
Rivera y Rosero recuerdan que de los nuevos vocales del CNE dependerá la organización de las elecciones del 2013. Dos ex presidentes de extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga y Medardo Oleas, observan con preocupación que ese organismo termine dirigido por gente afín al Régimen. “Quien controla el poder político querrá controlar el poder electoral”, dice Aguinaga, Mientras que Oleas advierte que “sin jueces electorales independientes es difícil garantizar la pureza del sufragio”.