13 de July de 2011 00:01

El Gobierno tiene 18 meses para cumplir su promesa de campaña

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En medio de aplausos de los simpatizantes de Alianza País, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados finales de la consulta popular del 7 de mayo. Han pasado 66 días desde que los ecuatorianos se expresaron en las urnas.

Con la publicación de estos datos en el Registro Oficial, el Gobierno tiene una tarea por cumplir. Empieza la cuenta regresiva de 18 meses para que se concrete su plan de reestructuración de la Justicia, con el fin de combatir los alto niveles de inseguridad.

Para ello, el actual Pleno del Consejo de la Judicatura será disuelto para ser reemplazado por una Comisión Tripartita, que estará conformada por un delegado del Ejecutivo, otro del Legislativo y uno de la Función de Transparencia (ver nota compartida).

A esto se suman las reformas de siete artículos de la Constitución, y uno del Régimen de Transición. Estas tienen relación con el impedimento de la caducidad de la prisión preventiva, las medidas sustitutivas a la privacidad de la libertad y a la prohibición de que los accionista de medios de comunicación o grupos financieros tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional o financiero, respectivamente.

Además, están 25 enmiendas al Código de Función Judicial y, en este mismo cuerpo, 14 supresiones de artículos. Las reformas son de inmediata aplicación y no requieren trámite legislativo.

Sin embargo, lo que sí deberá debatir la Asamblea Nacional es la formulación de leyes que permitan viabilizar las propuestas de otras preguntas aprobadas en las urnas. Se deberán crear leyes para regular el enriquecimiento privado no justificado, una ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación de contenidos violentos, sexuales y discriminatorios y otra que norme la afiliación obligatoria al IESS.

De momento, solamente la Ley de Comunicación ha sido debatida y fuertemente criticada por la oposición y otros organismos internacionales que consideran que el cuerpo legal podría atentar contra la libertad de expresión.

En el tema del enriquecimiento ilícito existe una propuesta de la asambleísta socialista Silvia Salgado. Ella anunció la presentación del proyecto de ley de Transparencia del Patrimonio Privado. El proyecto plantea que todo incremento patrimonial que exceda lo razonablemente lógico, es decir, producto de los ingresos legítimos de un ciudadano, debe ser demostrado, ante el requerimiento legal de la autoridad. Para la formulación de estas leyes no hay un plazo establecido.

La pregunta ocho, que prohíbe los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal, al ser de carácter cantonal requerirá de la elaboración de ordenanzas en las respectivas jurisdicciones donde triunfó el Sí. Sobre la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro, todavía no se ha establecido el mecanismo para la aplicación. El Gobierno buscará un mecanismo de compensación para evitar el desempleo de los actuales trabajadores.

Solamente el Ejecutivo tiene su delegado

Con la publicación de los resultados finales en el Registro Oficial, el actual Pleno del Consejo de la Judicatura, encabezado por Benjamín Cevallos, deberá disolverse para ser reemplazado por al Consejo Tripartito.

Sin embargo, hasta la fecha solamente la Función Ejecutiva ha ventilado públicamente a su delegado. Paulo Rodríguez, quien es el actual director del Registro Civil. Esto mientras que la Función Legislativa y la de Transparencia todavía no tienen a sus representantes.

Cevallos ha sido claro en sostener que ellos abandonarán sus puestos solamente cuando esta "Santa Trinidad" esté conformada. El motivo: no pueden dejar sin cabeza al máximo órgano de la administración de la Justicia.

Por su parte el presidente Rafael Correa dijo, en la última cadena, que hasta el viernes los delegados de las funciones deberán designar a sus representantes.

Precisamente, la Función de Transparencia designará a su representante en una sesión extraordinaria convocada para el mediodía del viernes, por el presidente de la función Carlos Pólit.

Mientras en la Asamblea Nacional, la subcomisión de Alianza País presentará al bloque, en su sesión ordinaria de hoy, los nombres de los cinco finalistas de entre 18 carpetas recibidas. Entonces decidirán quién será el delegado del movimiento oficialista para conformar esta Comisión. Xavier Tomalá no descartó el nombre de Tania Arias Manzano (presidente del TCE), pero manifestó que es una de las opciones.

El presidente de la Asamblea convocó a sesión del Pleno el jueves. El orden del día indica que se tratará en segundo debate la depuración de la normativa legal y el proyecto de resolución para autorizar la elaboración de Proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Sin embargo, si Alianza País o la oposición suman 63 firmas pudieran cambiar el orden del día y poner el tema de la designación del delegado a la Judicatura en debate.

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