10 de November de 2011 00:02

¿Garante o titular de derechos?

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El Secretario de Comunicación cuestiona, por estimarlas apresuradas, las declaraciones de la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la libertad de expresión en el país.

Ella tildó de descalificadores los mensajes emitidos en una cadena de radio y televisión, contra quienes hicieron denuncias en la audiencia de la Comisión que tuvo lugar hace dos semanas en Washington.

En ella, se hicieron afirmaciones contra Fundamedios, que tuvo un papel activo durante la audiencia. Fernando Alvarado estima que la cadena se justifica porque los denunciantes presentaron ante la CIDH una versión parcial e interesada sobre la libertad de expresión. A su juicio, había que mostrar quiénes son, a quién representan y qué causas defienden. Fundamedios, dice, es financiada por banqueros y guarda silencio sobre ataques a periodistas que no responden a sus intereses.

Él radica la discusión en torno al derecho del Gobierno a informar, y por eso pide que lo enjuicien en caso de que en la cadena haya una falsedad. Fundamedios ya ha refutado las afirmaciones del funcionario y, por supuesto, tiene derecho a seguir las acciones legales que considere pertinentes.

La CIDH, en cambio, se centra en el papel del Estado frente a los derechos de las personas. Dinah Shelton recalcó en su comunicado que es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado, motivada por la participación de personas u organizaciones ante los órganos de la OEA. Y ese es el caso.

Por lo demás, la acción de este organismo se mueve sobre una premisa que para los gobernantes parece difícil de aceptar: el Estado no es titular de derechos sino garante de derechos; su obligación es precautelarlos. Un concepto duro de asimilar cuando se fluctúa entre dos extremos: reclamar, cuando se trata de ejercer el poder, que el Presidente dirige todas las funciones del Estado, y parapetarse en la calidad de simple ciudadano, cuando se trata de reclamar supuestos derechos vulnerados.

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