El asambleísta Galo Lara Yépez presentó ayer ante la Fiscalía su denuncia sobre supuestos desvíos de fondos públicos realizados mediante la transferencia de dineros de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SNI, a una cuenta particular de dos oficiales de Policía.
Según la denuncia, colocada en el blog del legislador, estos dos oficiales de Policía son integrantes de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la presidencia de la República.
(Usted puede descargar una copia de esta denuncia en este enlace – documento en formato PDF, peso: 1,3 Mb)
Lara sostiene que de acuerdo a la información que recibió de forma anónima, la denuncia dice que se había solicitado la transferencia de USD 1000 a la cuenta corriente 73099112 del Banco del Pacífico a nombre de los oficiales Santiago Mena Vallejo y Miriam Elizabeth Tapia.
En los documentos presentados ante la Fiscalía, Lara sostiene que Santiago Mena es el encargado de la dirección de la Unidad de Gestión de Seguridad de la Presidencia de la República desde su creación, en agosto del 2007.
Esta denuncia la había formulado de forma pública Lara primero en Radio Democracia. Esto le valió a la emisora que el martes la Secretaría de Comunicación le interrumpiera su programación para insertar un programa en el que descalificaba a Lara y al entrevistador Gonzalo Rosero por haber hecho la entrevista.
En ese programa, el gobierno afirmaba que en el país no existen gastos reservados y que Lara no ha presentado ninguna prueba. Esto generó una polémica entre Gonzalo Rosero y Fernando Alvarado que finalmente salió al aire.
En carta a Radio Democracia, Lara, dice que los gastos reservados del pasado han sido reemplazados por unos “gastos especiales”.
En otras palabras, Lara sostiene que el supuesto delito en una nueva versión del escándalo de los fondos reservados ocurridos durante la Vicepresidencia de Alberto Dahik, en 1995, durante la presidencia de Sixto Durán Ballén.
Lara asegura que, según la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 18 se establece específicamente que la Secretaría Nacional de Inteligencia, SNI, disponga de un fondo permanente de gastos especiales que serían asignados para actividades de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, según el denunciante, esos fondos solo podían ser manejados por la SNI.
Agrega que la Contraloría debe controlar el gasto de esas cuentas y que en diciembre del 2009 ese organismo emitió un acuerdo en el que establece que la SNI no puede desviar sus fondos bajo ningún motivo.
Es decir, dice la denuncia, el dinero por concepto de gastos especiales solo podía ir destinado a una entidad pública denominada SIN.
Sin embargo, agrega, el dinero de gastos especiales de la Presidencia han ido a parar a cuentas corrientes personales, sin rendición de cuentas, sin que estén autorizados por el Contralor y “lo que es peor aún violando expresas disposiciones legales antes referidas, lo que constituye un delito con la administración pública”.
Por último, Lara dice que lo que él denuncia constituye peculado.