8 de March de 2010 00:00

El futuro del juicio al fiscal Pesántez se define en la sesión de Alianza País

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Redacción Política

Hoy, en la oficina de la Primera Vicepresidencia de la Asamblea, se definirá sobre el juicio político contra el fiscal Washington Pesántez. En ese lugar, suelen reunirse los asambleístas de Alianza País (AP) para definir la ruta que seguirá dentro del Legislativo.

El bloque mayoritario de la Asamblea aún no tiene una posición unánime sobre el futuro del Fiscal General. 39 integrantes del movimiento, quienes pidieron su renuncia el 26 de enero pasado, siguen con la intención de llevarlo a un juicio político.

María Paula Romo es una de las legisladoras que lidera esa iniciativa. Ella cree que hay suficientes evidencias de actos de corrupción dentro de la Fiscalía.

Durante cuatro semanas, los asambleístas de Alianza País han recopilado información sobre presuntos casos de extorsión, nepotismo y favoritismo para elegir a fiscales. Todas esas evidencias se harán públicas hoy para convencer a sus colegas que aún no se alinean a la posición mayoritaria.

Por eso, Romo dijo que en los próximos días presentarán un pedido formal para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inicie el proceso político.

Luego de que se cumpla el trámite de entrega de pruebas de cargo y de descargo, se impulsará la salida del Fiscal. Los que apoyan esa iniciativa creen que si sigue la tendencia del 26 de enero, la censura puede tener vía libre.

En esa sesión, 58 legisladores apoyaron la moción. Entre ellos se encontraban miembros de Alianza País, Partido Socialista, Movimiento Libertad y Justicia, Partido Sociedad Patriótica, Pachakutik... (ver infografía).

Para la censura del titular del Ministerio Público se necesitan cinco votos más (en total 63) de los que tuvieron en enero.

Y en un mes, las cosas aparentemente cambiaron. Por ejemplo, los integrantes del movimiento Acuerdo para la Descentralización y la Equidad (ADE) tienen otro criterio. Sus seis miembros apoyan el enjuiciamiento a Pesántez, antes ellos se abstuvieron de votar o no fueron a la sesión.

Lo mismo sucede con Leandro Cabrera, de la Izquierda Democrática. Él aseguró públicamente que respaldaba el proceso político en contra del funcionario.

El cambio de criterio del ADE y del representante de la ID se debe a las nuevas evidencias que presentaron los legisladores de AP.

Pesántez se ha mostrado tranquilo con el posible juicio político. Él envió 2 500 hojas como respuesta a las denuncias de sus fiscalizadores. También apuntó sus críticas a quienes lideran la iniciativa: Romo y Rosana Alvarado.

Adicionalmente, Pesántez espera que en la decisión de los legisladores pese una intención de fortalecer la Fiscalía. Durante sus dos años de gestión, se contrataron aproximadamente 526 nuevos fiscales y se compraron 34 edificios. También se crearon 11 fiscalías para casos indígenas. La nueva infraestructura se instaló en las ciudades más pobladas o con mayor índice de violencia.

Los funcionarios cercanos al Fiscal conocen que en la sesión de Alianza País el panorama se definirá. Por ejemplo, dos miembros de esa bancada, Aminta Buenaño y Vethowen Chica, todavía no están claros. Ellos votaron por el pedido de renuncia, pero ahora quieren conocer, en detalle, las acusaciones contra Pesántez.

Lo mismo ocurre con otros movimientos políticos que no creen en la transparencia de Alianza País para enjuiciar al Fiscal. Fausto Cobo, uno de los legisladores más fuertes de Sociedad Patriótica, aún está convencido de que todo es un show, para despistar la atención mediática del tratamiento de leyes, que luego del receso entran a una etapa decisiva.

Vicente Taino, vocero del Prian, asegura que esperará que se desarrolle el proceso político para tener una posición en firme.

Susana González, representante de Madera de Guerrero, también aguarda por la definición de Alianza País, aunque ella sostuvo que si el grupo de Romo impulsa el enjuiciamiento, sus siete miembros los apoyarán.

 

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