10 de April de 2012 00:01

Frecuencias: norma inquieta a gremios

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A los gremios de radio y televisión les preocupa que cerca del 60% de las concesiones de las frecuencias, concesionadas al sector privado, sea revertido al Estado, si se aprueba el proyecto de Comunicación.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión (Aectv) y los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados, que agrupan a 550 emisoras y 71 canales de televisión en todo el país, consideran que el proyecto legal viola la Constitución y los tratados internacionales en materia de libertad de expresión.

La Carta Magna, en su artículo 16, inciso 3, señala que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a “crear medios de comunicación social y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias (...)”.

El proyecto final de la ley de medios establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico se distribuyan en tres partes equitativas: 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para medios comunitarios.

Sin embargo, actualmente el 85,5% de las estaciones de televisión y el 71% de las de radio están en manos privadas. Esto significa que 807 frecuencias concesionadas deberían ser revertidas al Estado, para su reasignación en medios públicos y comunitarios.

Según Marcel Rivas, presidente de la Aectv, “en ninguna parte de la Constitución dice que se van a repartir las frecuencias en porcentajes. No se puede simple y llanamente eliminar a quienes han realizado comunicación privada en radio y televisión por generaciones y de un plumazo convertirlos en medios públicos y comunitarios”, manifestó.

Para Roberto Manciatti, presidente de la AER, una de las principales preocupaciones de los gremios audiovisuales es el mecanismo que se aplicará para la redistribución de las frecuencias. La razón: en el proyecto de Ley solamente se aclara que el procedimiento se establecerá en el reglamento de la ley.

Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, señaló que se debe definir si la redistribución equitativa de las concesiones se ejecutará a escala nacional o según la circunscripción territorial. Es decir, se debe especificar si para cada provincia o región se deben asignar las frecuencias en tercios o solamente cuando se trate de estaciones de alcance nacional”, explicó.

Tampoco se ha aclarado qué sucederá con las inversiones en compra de equipos y bienes para las estaciones de radios y los canales de TV. “Las estaciones para ser lo que son han invertido grandes sumas en antenas, equipos, emisores... ¿Qué pasará con eso?”, cuestionó Manciatti.

Estos activos, según los gremios, se perderán, al igual que el trabajo de muchos empleados de los medios de comunicación privados.

Asimismo, los accionistas de las empresas audiovisuales temen sobre su futuro, porque la Ley Antimonopolios señala que quienes se dedican a la comunicación no pueden tener acciones en ningún otro tipo de empresa.

“Con esta Ley lo que se quiere prácticamente es eliminar a los medios privados de comunicación. No nos permite seguir haciendo lo que hacemos, pero tampoco nos da futuro para seguir en la comunicación”, dijo Rivas.

¿Conaie presiona a Pachakutik?

La Conaie mostró su interés en que la Ley de Comunicación se apruebe, para que se realice una redistribución de las frecuencias.
 
“La Asamblea tiene esa obligación, el archivo no sería válido”, opina Humberto Cholango, presidente de esa organización,  para quien su lucha histórica también se ha dado por la redistribución del espectro radioeléctrico.

La asambleísta Lourdes Tibán descarta que el pedido público de esa organización sea para presionar al bloque indígena de Pachakutik. Precisamente,  la semana pasada los altos dirigentes mantuvieron una reunión en la que acordaron rechazar el archivo de esa Ley, “pues en ese momento podría formular otra la Corte Constitucional”. En este marco, Pachakutik ratificó que si bien es necesaria la Ley, ellos no apoyarán el proyecto del legislador oficialista Mauro Andino.

Pero para Cholango “más allá de que la Ley tenga imperfecciones”  es necesaria la repartición de frecuencias. Tibán tampoco descartó un acuerdo político que garantice que la ley no sea vetada.


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