22 de March de 2011 00:00

La fórmula 50-50 primó para la campaña

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) busca una fórmula para la repartición de las franjas publicitarias para la consulta popular de mayo. Hasta la tarde de ayer, no había una decisión oficial, pero está previsto que sea un sistema equitativo.

Los cinco vocales del organismo electoral se reunieron desde la tarde con la intención de articular este sistema. El presidente del CNE, Omar Simon, adelantó que la distribución de los recursos para la publicidad de los medios deberá ser igualitaria entre las organizaciones que apoyarán el sí y las que impulsarán el no.Para Simon, deberá ser el 50 por ciento para un grupo y el 50 para el otro. Esta cifra se dividirá entre las organizaciones que apoyen cada propuesta. “Este sería el mecanismo más idóneo, porque habrá equidad en la campaña”.

El Consejo Electoral calificó la participación de 53 grupos para acceder a las franjas publicitarias. De estas agrupaciones, 23 van por el sí y 17 por el no. Mientras que 12 se inscribieron para participar por ambas propuestas.

En este cifra también se incluirá al presidente, Rafael Correa, quien fuera calificado como sujeto político para la campaña, por ser el proponente de la consulta.

El vocal del CNE, Fausto Camacho, aclaró que el Presidente de la República no tendrá un espacio especial, sino que estará dentro de los 23 grupos que respaldan su iniciativa. Es decir, que recibirá lo mismo que las agrupaciones inscritas en el Consejo Electoral.

El presidente Correa tampoco podrá recibir fondos privados para la propaganda, pero accederá a las franjas en los medios. Ayer, la ministra de la Coordinación de la Política, Doris Soliz, sostuvo que tampoco hay un impedimento para que ella sea la delegada de la Presidencia a la campaña.

“El Presidente de la República tiene todo el derecho de participar en este debate de ideas, y por supuesto el delegado del Gobierno tiene que ser un funcionario que en este caso me designaron para dicha función, y cumpliré con este rol”.

Camacho explicó que debido al número de participantes (53 organizaciones) no es viable que el CNE designe los espacios contratados en los medios de comunicación. Su propuesta es que cada organización calificada decida el medio de comunicación, en el cual desea pautar. En el 2009, el Consejo Electoral entregó el dinero para esta publicidad a cada organización y solo vigilaba el respeto de los montos.

En esta ocasión, Camacho apuesta a que la organización escoja el medio y sea el Consejo Electoral el que realice el pago a los medios de comunicación.

Otro tema que se encuentra en debate es el monto máximo que podrá ser usado por cada organización para la propaganda. Todavía no hay un estimado, pero está previsto que para la difusión se inviertan USD 3 millones.

El CNE deberá resolver ágilmente estas reglas que aún están pendientes. El sábado próximo se iniciará el período de publicidad para la consulta. Esta etapa es de 40 días, es decir durará hasta el 4 de marzo y solo se podrá emitir propaganda en los medios autorizados por el Consejo Electoral.

Esta semana, además, se definirá la empresa que realizará el monitoreo y control de la publicidad durante la campaña. Esta es otra de las obligaciones de la ley.

Polémica por la consulta

La presunta inclusión de artículos para el referendo que no constaban en el dictamen de la Corte Constitucional fue rechazada ayer por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Diario El Universo aseguró que en los anexos de la pregunta 5 del referendo había textos diferentes del fallo que salió de la Corte y que se incluyeron en el decreto que envió el Ejecutivo al CNE para que convocara a la consulta.

La pregunta es: ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición de la Judicatura enmendado la Constitución y reformado el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo dice el anexo 5?

En el dictamen de la Corte no se incluyeron la reforma de 18 artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Estos tienen relación con la conformación de la Judicatura y de otras normas que inciden en la labor de los jueces.

Fausto Camacho, vocal del CNE, dijo que la convocatoria se hizo basada en el decreto enviado por el presidente Rafael Correa, el 21 de febrero pasado. Para él, la Corte Constitucional debe mirar lo ocurrido y actuar.

Sin embargo, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que la información no tiene sustento. Según el funcionario del Ejecutivo, los textos del anexo 5 sí constan en el dictamen de la Corte Constitucional, específicamente en las hojas 48 y 49. En esas páginas se establece que las normas del Código Orgánico de la Función Judicial deberán cambiar inmediatamente por la enmienda constitucional y avala lo propuesto por el Ejecutivo.

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