5 de July de 2011 00:02

Fiscalización salvó a ocho ministros

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Si fuera un partido de fútbol, el resultado sería 15 a 1 en contra de la Fiscalización. Es decir, 15 pedidos de juicio político, tramitados en esa Comisión y una sola funcionaria censurada en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Y ese también es un resultado discutido porque para Leonardo Viteri (PSC), la censura en contra de Gloria Sabando, en enero pasado, cuando ya no ejercía el cargo de Superintendenta de Bancos, no fue sino ‘un juicio post mórtem’. Es decir, “un acto de necropcia, ordenado por el presidente Rafael Correa”.

En estos casi dos años de legislatura, solo dos solicitudes de enjuiciamiento político no fueron archivadas y pasaron de la Mesa de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional.

Fueron casos tramitados por el oficialismo. Rolando Panchana lideró el juicio contra Sabando y Mauro Andino, en contra del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero Andino no tuvo el apoyo de la mayoría de legisladores para dar paso a una censura.

La oposición ha mantenido su crítica a esta comisión. Ramiro Terán (MPD), uno de sus integrantes, la denominó: “Mesa de Archivo”. Ese fue el destino de ocho de los 15 pedidos de juicio. Otros no fueron calificados y uno se quedó en el limbo (juicio en contra del fiscal general de la Nación, Washington Pesántez).

La mayoría de Alianza País en la mesa, con el apoyo del PRE y de Scheznarda Fernández (independiente, ex PSC) salvó a los titulares de los ministerios de Electricidad, Defensa, Transporte y Obras Públicas (dos ministros), Educación, Salud, Inclusión Económica, del Interior.

También a figuras que sin ser del Gobierno han tenido cierto respaldo del oficialismo como la titular del Consejo de Participación Ciudadana y el fiscal Washington Pesántez.

Este fue un caso emblemático porque dividió a la bancada de A. País en dos grupos: uno tachado por la oposición de obediente a Rafael Correa, quien entonces lo defendía de las acusaciones de falta de probidad notoria.

El otro grupo, en marzo y abril del 2010, era encabezado por María Paula Romo, entre otros. Estas dificultades para procesar las diferencias terminaron con su salida y la de Betty Amores.

Para Amores, la estructura de la comisión, con una mayoría del oficialismo, bloquea la fiscalización. Habla del caso más reciente: el archivo del pedido en contra de José Serrano, ministro de Justicia, acusado de interferir en la decisión judicial sobre procesos del 30-S. Esto pese a que “se verificó la violación a la Constitución”.

Por eso Amores apoya la idea de que el Pleno decida si dar trámite o archivar un pedido de juicio, como sugiere el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la Comisión de Justicia.

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