7 de March de 2012 00:02

La fiscalización está en manos del Gobierno

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La Corte Constitucional (CC) tomó una decisión oportuna para el Gobierno, que trata de blindar en la Asamblea al canciller Ricardo Patiño por el escándalo de la “narcovalija”.

Ayer, el Pleno de la CC le dio la razón al Ejecutivo en su pedido de vetar los recientes cambios a la Ley de la Función Legislativa. De este modo, el tema medular de esa reforma, que la fiscalización a los funcionarios públicos se resuelva en el Pleno Legislativo y ya no en la Comisión de Fiscalización donde Alianza País tiene mayoría, queda en manos del Presidente, a través de su veto.

Este tema fue introducido en diciembre por la oposición, alegando que desde agosto del 2009, el oficialismo ha bloqueado todos los intentos de enjuiciar políticamente a sus funcionarios, porque controla la mesa de Fiscalización.

Tras varios días de debate, la oposición logró aprobar la reforma. Según el artículo 63 de la Ley de la Función Legislativa, estas modificaciones no debían pasar por la sanción del Primer Mandatario; sino que se publicarían de inmediato en el Registro Oficial.

Esta nueva forma de control político suponía incomodidad para el oficialismo, según dijo el legislador César Montúfar (Concertación). La razón: todos los ministros de Estado eran susceptibles de ser convocados ante el Pleno de la Asamblea, para que expliquen sus actuaciones.

Por eso el Régimen planteó de inmediato una demanda de inconstitucionalidad. Su idea era cuestionar el artículo 63 de la Ley Legislativa que impedía al Gobierno vetar este cuerpo legal que regula de manera interna al Poder Legislativo. Ayer, con su fallo, la CC dio la razón a Correa con ocho votos a favor más el voto recurrente de Alfonso Luz Yunes.

“Se analizó la solicitud y se encontró que violaba algunos artículos de la Constitución. Por ello, se resolvió eliminarlo de la legislación vigente”, explicó el juez ponente Manuel Viteri.

Esta decisión se tomó el mismo instante en el que el legislador de oposición, Fernando Aguirre, presentaba el pedido de juicio político contra el canciller Patiño por el escándalo de la “narcovalija”. Su solicitud contó el respaldo de 48 firmas de legisladores de todos los sectores de la oposición.

El asambleísta dijo que Patiño violó la Convención de Viena, a través de un reglamento, lo cual resulta improcedente y atentatorio con el art. 425 de la Constitución que, según él, facilitó el cometimiento de un delito.

Aguirre dejó en claro que el juicio no es una persecución ni una forma de desestabilizar al Régimen. “Lo único que queremos todos los bloques de oposición es que se esclarezca la verdad, que sancionen a autores, cómplices y encubridores. Es oportuno un baño de verdad”, concluyó.

El pedido deberá ser tramitado por la Comisión de Fiscalización. De manera independiente a la posición que tome el Ejecutivo en su veto, esta mesa decidirá la suerte de Patiño, ya que la CC, antes de pronunciarse por la demanda de Correa, emitió medidas cautelares para evitar que rija la reforma auspiciada por la oposición.

“La CC y la Asamblea son una dependencia del Palacio de Carondelet”, señaló Montúfar.

Alianza País respalda a Patiño

El bloque de Alianza País presentó, en rueda de prensa, su respaldo al canciller Ricardo Patiño. Varios asambleístas del oficialismo leyeron un comunicado en el que señalan que se ha iniciado una “miserable campaña en su contra y que no permitirán este ataque injurioso”, al intentar responsabilizarlo en el caso de la “narcovalija”. Recordaron que Patiño  informó al país de lo ocurrido.

Gina Godoy, una de las seis coordinadoras del bloque, indicó que no era un secreto que ayer, en la sesión de la bancada, estuvo presente el Canciller.

Paola Pabón, otra de las coordinadoras,  lamentó que un hecho que preocupa al país sea usado por sectores de la oposición en contra de un “ícono, no un activista cualquiera, sino un militante que fundó el movimiento”. Reiteró que el caso no solo es responsabilidad de Patiño y se pronunció en contra del pedido de juicio político planteado  por Fernando Aguirre.

Y reiteró que “la valija fue revisada por la Policía   y eso es fundamental y el país debe conocerlo, al igual que el resto de valijas diplomáticas.  Lo que pasó en el trayecto, luego de esa revisión, hasta la llegada a Milán, está en indagación”.


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