2 de July de 2010 00:00

Fiscalía inició de oficio los 4 casos contra los dirigentes de la Conaie

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Redacción Política

Para la Fiscalía, las protestas indígenas pueden ser un acto de terrorismo, sabotaje y sedición. Por eso, en cuatro de las movilizaciones que han sido lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ha actuado de oficio. Bajo el argumento de que cerrar las vías puede ser sedición, se iniciaron indagaciones previas y juicios a 12 dirigentes en Azuay, Morona Santiago e Imbabura. El más reciente es el que se inició en contra del presidente de la Conaie, Marlon Santi, y del titular de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca.Ellos fueron acusados por la fiscal de Otavalo, Dora Mosquera, de presunto terrorismo y sabotaje, luego de haber recibido un informe de un policía, quien perdió sus esposas durante los enfrentamientos que se produjeron el viernes pasado en la Cumbre de Pueblos Indígenas de la Alba, que se realizó en Otavalo. Ese día, los dirigentes de la Conaie intentaron ingresar por la fuerza al coliseo Federico Páez, donde estaban reunidos los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales, con Rafael Correa. La intención era hablar con Morales, para pedirle su intervención frente a las “políticas neoliberales” que aplica el Gobierno ecuatoriano.Para Santi, el inicio de los procesos judiciales es una forma de “amedrentar al movimiento indígena y tratar de callarlo”. Por ello, ayer la Conaie -mediante un comunicado de prensa- aseguró que sus protestas “siempre han sido pacíficas, amparadas en la Constitución y fundamentadas en el respeto a los derechos humanos”. Además, aclaró que: “Rechaza rotundamente la indagación por supuestos delitos de terrorismo y sabotaje”. Y que sus protestas se basan en el derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución. También acusaron al Ejecutivo de haber iniciado los procesos judiciales, como una campaña de desprestigio contra el movimiento indígena para dividirlos.En mayo pasado, el presidente Correa dijo, en su enlace sabatino, que las protestas de ese movimiento violaron la Constitución al agredir a la Policía y a los ecuatorianos. “Lo que hacen no es resistencia. Es agresión. Debemos rechazar este tipo de manifestaciones anticonstitucionales. Como terrorismo y sabotaje se puede llamar a lo que hacen los indígenas”. Coincidencialmente, ese mismo mes la Fiscalía inició los juicios en contra de los dirigentes de Imbabura por el cierre de las carreteras durante las protestas por la Ley de Aguas. Ellos fueron acusados de terrorismo y llevados a juicio, por haber paralizado las carreteras en protesta a la ley, que se debatía en el Pleno de la Asamblea.

Sin embargo, el Gobierno aseguró que no ha impulsado los procesos judiciales en contra de ningún dirigente indígena. El subsecretario de Pueblos y Movimientos Indígenas, Orlando Pérez, dijo que el Gobierno no está involucrado en las investigaciones y recalcó que se puede comprobar esta aseveración pidiendo en la Fiscalía los expedientes de los casos. Asimismo, el Régimen considera que los indígenas deben replantear sus acciones de lucha para buscar mediaciones entre el Ejecutivo y los indígenas. Pero Diana Atamaint, asambleísta de Pachakutik, consideró que estas demandas “son una retaliación política desesperada de Rafael Correa ante una demanda por etnocidio y genocidio”, que fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santi envió esa denuncia internacional porque supuestamente se permitió que empresas petroleras explotaran zonas intangibles, en donde viven pueblos en aislamiento voluntario.Mientras se resuelve, la Conaie espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre un pedido de interpretación constitucional sobre el derecho a la resistencia. Para los indígenas aquí se consagra su derecho a protestar.

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