15 de December de 2010 00:00

La Fiscalía estudia los dos informes de irregularidades en la Asamblea

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Unidad de Investigación y Redacción Política

Pese a que han transcurrido más de dos años desde que la Asamblea Constituyente terminó su trabajo, los supuestos procesos irregulares que esa entidad aplicó para la contratación de su personal y la compra y alquiler de bienes y servicios no han sido debidamente esclarecidos. Tampoco se ha conocido sobre algún funcionario o empresa jurídica sancionados, no obstante las dos auditorías que la Contraloría realizó en estos casos.

Los dos informes fueron entregados, en fechas distintas, al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. El primer examen señala responsabilidades penales en los procesos de contratación y pago de honorarios y remuneraciones de asesores de asambleístas, por el período comprendido entre el 29 de noviembre del 2007 y el 5 de junio del 2008.

El segundo reporte, enviado a Cordero en julio del 2009, determinó una serie de ilegalidades en las operaciones administrativas y financieras de la Asamblea, y auditó contrataciones entre el 29 de noviembre del 2007 y el 21 de octubre del 2008.

Esos informes, basados en un convenio de cooperación entre la Contraloría y la Asamblea, fueron pedidos por el ex presidente del organismo Alberto Acosta.

En el primer examen a la contratación del personal, enviado por Cordero a la Fiscalía, se concluyó, entre otras cosas, que: los asambleístas tuvieron total discrecionalidad para contratar sin concurso a sus asesores. En buena parte de los casos analizados no hubo un control de su desempeño. En vista de que no había ninguna obligatoriedad, algunos asesores tampoco presentaron informes de trabajo, entre diciembre de 2007 y enero de 2008. Durante la auditoría no se encontraban en la Asamblea, entre el 19 y 24 de junio de 2008, 22 asesores, cuyas inasistencias o comisiones no fueron comunicadas. Solo siete casos se justificaron.

Adicionalmente, no se ubicó en los expedientes de los asesores contratados la documentación que sustente la formación académica y o experiencia profesional o laboral que señalaban las hojas de vida entregadas.

En la segunda auditoría, publicada ayer por este Diario, se detectaron más anomalías en la contratación de bienes y servicios en algunos casos. En uno de los procesos, el informe de Contraloría concluye que se contrató servicios profesionales con las empresas Crea Comunicaciones y Talento Digital, “con cuya representada, por disposiciones de la Losca, estaba impedida de hacerlo”. En este caso, la representante de esas firmas fue contratada como funcionaria de la Unidad de Comunicación de la Asamblea.

Según el artículo 257 Código Penal, es considerado peculado la adjudicación ilícita de contratos. Concretamente, el beneficio personal del trabajo de personas remuneradas por el Estado y la adjudicación de contratos con violación de las leyes y los reglamentos.

EL COMERCIO buscó la versión del titular de la Asamblea, para conocer si también envió a la Fiscalía este último informe, pero se informó que se pronunciaría entre el jueves y viernes.

Entre tanto, en la Unidad de Indagaciones previas de la Fiscalía General se empezó ayer un análisis de los informes de supuestas irregularidades cometidas en la Asamblea de Montecristi.

Esa fue una disposición que dio el fiscal Washington Pesántez a sus subalternos, luego de las notas publicadas por la prensa.

La acción tiene el propósito de verificar el avance de las investigaciones y cuáles serían las posibles diligencias que se pudieran realizar. En el Ministerio Público se confirmó que el expediente sobre los asesores se mantiene en suspenso porque la Corte no tramitó el pedido para que se levantara la inmunidad del ex asambleísta de PSP y actual parlamentario andino, Fausto Lupera.

Se aseguró que se pondrá atención al reporte de la Contraloría que estableció presuntas anomalías en la adquisición de bienes y contratación de personal, pues previamente se había focalizado en la denuncia sobre los convenios realizados para los asesores de los ex asambleístas constituyentes. Todo se investigará. Esa fue la disposición que dio el fiscal Pesántez, dijo una fuente de la entidad. El reporte del estado de las indagaciones estaba previsto que se entregara la noche de ayer, y luego se analizarán las acciones que tomarían los investigadores.

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