En la empresa de Santiago Pérez nadie quiere hablar de la investigación penal que pesa en su contra.
Ayer, la Fiscalía General del Estado informó que abrió un expediente para indagar el trabajo que cumplió esa firma durante la consulta popular del 7 de mayo.
La encuestadora fue contratada por Gamatv, TC Televisión y Cable Noticias, canales incautados por el Estado, para que realizara un ‘exit poll’ de la consulta.
A las 17:00, de ese sábado, Santiago Pérez difundió los resultados de su encuesta a todo el país. Su información daba una ganancia aplastante a la propuesta del Gobierno. En promedio, la victoria del Sí tenía un 60% de aprobación, mientras que el No apenas si alcanzaba el 40% de su respaldo.
El presidente Rafael Correa y Alianza País celebraron el triunfo que les otorgaba la encuesta, pero a las 21:00, el Consejo Nacional Electoral difundió un conteo rápido que reducía drásticamente la ventaja del Gobierno sobre el No.
Al finalizar, el escrutinio oficial de actas confirmó el estrecho margen. la ventaja del Sí apenas supera al No en seis puntos en las preguntas donde Correa tuvo el mayor respaldo.
Por ese motivo, Rafael Antuni (Pachakutik), Luis Villacís (MPD); Cléver Jiménez (asambleísta de Zamora Chinchipe) presentaron un pedido para que el fiscal general, Washington Pesántez, abriera una indagación sobre la difusión de esos datos.
El caso no fue tratado en su despacho, sino que fue remitido a la Fiscalía de Pichincha; porque Pérez no goza de fueros especiales.
Ayer, en un boletín oficial del Ministerio Público, se informó que el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gustavo Benítez, inició una indagación para “investigar una presunta manipulación de la información por parte de la encuestadora de Santiago Pérez”.
El legislador Jiménez aseguró ayer que la Fiscalía debería también indagar a las televisoras que contrataron a la encuestadora y a las autoridades del CNE. A su criterio, los consejeros debieron controlar el trabajo de Pérez. “Los canales manejan dinero del Estado. Los administradores de esos espacios no deberían haber pagado a la empresa”, dijo Jiménez.
Para el asambleísta existiría un presunto abuso de fondos del Estado por parte de los autoridades de las canales, porque ellos son financiados con dinero públicos.
En la tarde de ayer, en la oficina de la encuestadora nadie quiso pronunciarse argumentando que Pérez no iba a dar entrevistas.
El fiscal Benítez convocó a Pérez para que rinda su testimonio mañana. La audiencia está prevista cumplirse en el edificio Patria de la Fiscalía, desde las 09:00.
La indagación contra Pérez se da en momentos en que el fiscal Pesántez ha sido muy crítico con varias decisiones del Gobierno, como el uso del polígrafo para los miembros de la Policía Judicial. También por la forma en la que avanza el concurso para elegir la nuevo Fiscal General.