Milton Castillo, constitucionalista, considera que el proceso de selección de Fiscal está viciado y debería ser anulado.
¿Cuál debe ser el perfil ideal que del nuevo Fiscal General del Estado?
El Fiscal es la autoridad más importante en democracia, porque él es el único que tiene competencia para juzgar a las autoridades de las demás funciones del Estado. Por lo tanto, el requisito de independencia e imparcialidad es absolutamente necesario. El Fiscal no debe tener tacha alguna y demostrar que no pertenece a ningún partido o movimiento político y demostrar que no tiene vínculos con poderes del Estado.
¿Cómo garantizar esta independencia?La transparencia se demuestra con su hoja de vida: que haya demostrado probidad, que está ligada a la manera como ha resuelto los casos que ha tratado, cómo se ha pronunciado jurídicamente en su profesión… Esa es una manifestación de transparencia.
¿Pero cómo lograr esta independencia cuando han habido tantas críticas en el concurso de selección?
Yo creo que el proceso como tal está deslegitimado, no es algo que suceda ahora sino que se inició desde la designación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto obligaría a empezar de nuevo todo el proceso de selección.
¿Por qué desde la elección del Consejo?
Existe una demanda de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Constitucional por la selección de los miembros del Consejo; por ejemplo el consejero David Rosero tuvo quejas de falta de probidad, porque supuestamente presentó documentos que no eran válidos jurídicamente hablando. La Corte no ha respondido aún y desde allí nace esa deslegitimación que ahora vemos.
Estas críticas podrían abonar en el discurso estatal de que el Consejo de Participación no ha cumplido con su labor, y que sirvió para convocar a la consulta popular.
Quien deslegitima el proceso no son los que lo critican, sino que el proceso está diseñado para que pueda ser deslegitimado desde el inicio. Sí hay la necesidad de reformar la justicia, pero no es algo de ahora, sino que está ahí desde Montecristi. Los cambios en la Justicia se requieren desde que este Gobierno inició su gestión. Si se va a hacer una reforma a la justicia debe ser sólida, porque sino los vicios de ahora van a repetirse.
Históricamente el Fiscal ha sido cercano al Gobierno de turno. ¿Cómo evitar que esto suceda igual ahora?
En otros países el Fiscal lo propone de una terna y eso es conocido por todos. Pero aquí la norma dice que será resultado de un proceso de selección ciudadano. Entonces empieza a generarse desconfianza cuando se conoce que Galo Chiriboga, quien fue ministro de este Gobierno, podría resultar beneficiado según las denuncias hechas. Y se siente que el que propone a Chiriboga es el Ejecutivo y no hay ninguna norma que diga que él lo puede hacer. Pero el problema es que las reglas del juego no son claras. Y eso es lo que se debería haber puesto desde el inicio del proceso.
Exacto, pero ahora que estamos en medio del camino, ¿qué se puede hacer? ¿Echar abajo el concurso?
Sería lo más adecuado. Porque esta selección nació cuestionada y no se ha podido superar esto. Las normas en el Ecuador sobre el nombramiento de Fiscal General han sido variadas, han ido desde la designación hecha por la Presidencia de la República, luego fue la elección mediante ternas por el Congreso y ahora se optó porque sea la selección desde la ciudadanía. Pero siempre ha habido tela de duda de quién puede nombrar al Fiscal y ahora esta duda está sobre Chiriboga. La designación del nuevo Fiscal es un problema que tiene la mayoría de sociedades del mundo.