13 de November de 2011 00:05

Fiscal apeló decisión de jueza en caso 30-S

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La Fiscalía apeló la decisión de la jueza Décima de Garantías Penales de Pichincha, Carmen Baño, en el proceso por supuesta rebelión policial por los hechos del 30 de septiembre del 2010.

Ramiro Freire, fiscal de Delitos contra la Administración Pública, consideró que existían suficientes argumentos para llamar a juicio a tres uniformados, porque supuestamente fueron a incitar a los militares en el cuartel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El martes pasado, Baño dictó el llamamiento a juicio en contra de 11 de los 15 policías que fueron acusados por Freire. Ellos, a decir de la Fiscalía, fueron los supuestos autores del delito rebelión, durante la sublevación policial del 30-S. El fiscal utilizó fotos, audios y videos para presentar su acusación.

Allí se observaba y se escuchaba a algunos uniformados quemando llantas, protestando en las calles, lanzando consignas y llamando a todos los gendarmes a unirse en una huelga general.

La Jueza acogió los argumentos de Freire pero solo en el caso de 11 uniformados. Acusó como autores del delito de rebelión a Paola Mafla, Christian Arroyo, Carlos Fernández, Walter Guamán, Álex López, Andrés Solano, Víctor Soto, Mayra Verdezoto, Fausto Iza Pallo, Jimmy Camisán y Pedro Pablo Angulo.

Los dos últimos permanecían detenidos, por lo que la jueza dispuso la excarcelación a cambio de la sustitución de medidas cautelares. Los gendarmes deberán presentarse los lunes en el juzgado.

Sin embargo, absolvió a cuatro policías: Marco Zúñiga, Marco Soria, Giovanny Fuentes y Florencio Ruiz. La Fiscalía consideró errada la decisión sobre tres de los uniformados, Zúñiga, Soria y Fuentes.

Sobre el general Ruiz, Freire no se pronunció ni apeló la resolución tomada por Baño.

La investigación fiscal se inició en octubre del 2010, en contra de 47 policías. No obstante, según el Ministerio del Interior, en la institución policial se han iniciado procesos y se han dictado sanciones administrativas en contra de 903 policías . Además, 135 uniformados tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la revuelta del 30 de septiembre del 2010.

La apelación de la Fiscalía, presentada el viernes pasado, será analizada por la Corte de Justicia de Pichincha. Mientras que el caso en contra de los 11 uniformados pasó a resolución ante un Tribunal Penal de Pichincha, aunque no se ha sorteado todavía el proceso.

Este caso, al igual que el de los daños causados a los bienes públicos, por la toma del canal estatal Ecuador TV, todavía no han sido resueltos. Son los últimos dos procesos iniciados.

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