18 de April de 2011 00:00

Pocos filtros del CNE a la publicidad estatal

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Las alertas de políticos de oposición, veedores sociales y de la vocal electoral Marcia Caicedo, de que existe una campaña inequitativa que favorece al Gobierno, ha encontrado una nueva arista.

Esta tiene que ver con los pocos filtros que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto al momento de autorizar la difusión de las cuñas publicitarias de instituciones públicas, que no son parte de la campaña por la consulta.

El artículo 207 del Código de la Democracia prohíbe la difusión de propaganda de las entidades públicas en períodos electorales. Excepto, cuando las cuñas en mención contengan información “necesaria” que amerite ser difundida en beneficio ciudadano.

Pero, según expertos consultados por este Diario, establecer qué es necesario se vuelve una tarea compleja y subjetiva. Un dilema que, nuevamente, pone en el centro del debate la actuación independiente del CNE.

Debido a la vigencia de este artículo 207, las instituciones públicas realizaron 210 pedidos, entre el 9 de marzo y el 9 de abril, para difundir sus cuñas publicitarias en los medios de comunicación. De estas solicitudes, el CNE aprobó 160: 40 pertenecen a ministerios y secretarías de Estado, 51 a entidades de gobiernos autónomos (municipios, prefecturas), 45 a entidades públicas y 24 a medios de comunicación que, como parte de sus actividades, producen y pautan ‘spots’ contratados por organismos del Estado.

En teoría, todas esas cuñas deben justificar el carácter de necesario e informativo para el bien de la colectividad. Pero Néstor Jaramillo, docente en Publicidad de la Universidad San Francisco, cree que es delicado clasificar la información sobre estos aspectos. “Hay un tema subjetivo de por medio, más aún cuando el Gobierno tiene un objetivo: que su tesis en la consulta triunfe”.

El analista político Juan Carlos Donoso señala que “hay que poner límites entre lo que es informar e inducir las respuestas”.

En su último informe, la Corporación Participación Ciudadana sugirió al CNE aplicar criterios rigurosos al momento de autorizar ‘spots’ provenientes del Estado.

Ruth Hidalgo, directora de esta Corporación, sostenía desde el principio que lo óptimo sería la veda total de publicidad oficial, porque todo mensaje que promueva la imagen de las instituciones del Estado podría significar una campaña sutil.

Tres semanas después de iniciado el proselitismo, Hidalgo concluye que, a todas luces, hay una campaña desigual en favor del oficialismo.

Para sustentar esta tesis, recurre a las cifras. En marzo, la Presidencia de la República gastó en publicidad USD 1 011 333. Hidalgo sostiene que esta cantidad es 10 veces más alta de lo que los sujetos políticos pueden gastar en sus campañas. Si a esto se suma toda la publicidad pautada por las demás instituciones públicas -señala- se confirma un proceso desigual, donde el Gobierno es el que ha ganado espacio.

El consejero del CNE Fausto Camacho asegura que el pautaje de publicidad con información ‘necesaria para la población’ es un derecho que tienen las entidades públicas y que si cumplen con las reglas, el CNE debe autorizarlas sin problema. “El Consejo es una autoridad pública que actúa sobre la base de la ley' No puede apelar a la ética, a la moral, a la buena conciencia”.

Dentro del Consejo la forma en que se aprobaba o se vetaba la publicidad cambió. El Pleno electoral únicamente se pronunció sobre las primeras 26 cuñas que le llegaron. Como lo cuenta Camacho, esta tarea “significaba una carga operativa para el Pleno, por lo que se designó una Comisión”.

Esta instancia está conformada por Ramiro Arroyo, director de promoción electoral; María Augusta Navarrete, directora de Comunicación y Yolanda Cruz. Este equipo, entre el 17 de marzo y el 9 de abril, ha autorizado la difusión de 143 propagandas. Según Camacho el equipo califica la pertinencia de las solicitudes.

Sin embargo la también consejera Marcia Caicedo cree que debería haber una revisión más estricta de la publicidad que se autoriza. “Una publicidad necesaria es, por ejemplo, una campaña de vacunación mas no la promoción de la imagen institucional”.

Pablo Villacís, director del centro de monitoreo de Participación Ciudadana, dice que el CNE ha autorizado cuñas cuyo contenido no es de urgente difusión.

Entre estas propagandas está la del Ministerio de Agricultura sobre innovación agrícola donde el testimonio de los beneficiados genera una imagen positiva de la institución. Otra es la del Ministerio de Coordinación de la Producción que difunde el nuevo Código Legal.

Una tercera cuña autorizada por el CNE, difunde la campaña del Ministerio de Relaciones Laborales, sobre la armonía que debe existir entre el empleado y el empleador.

Donoso y Villacís coinciden que estos contenidos promueven la imagen institucional y que si se los dejara de difundir no se afectaría al ciudadano. Para Jaramillo estas publicidades obedecen más a motivaciones políticas.

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