13 de June de 2012 00:02

Figura de sabotaje y terrorismo es criticada

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‘Ni el ex presidente León Febres Cordero acusó de terroristas a los miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC). Los sentenciaron por robo, desorden público, secuestro...”.

Eso apunta Humberto Cholango, presidente de la Conaie, quien no acepta que se judicialicen las protestas en contra de las leyes Minera, de Aguas, extracción de recursos en sus territorios y a concesiones hidroeléctricas.

Al abogado de la Conaie, Bolívar Beltrán, le preocupa que por tercera vez, bajo la presidencia de Rafael Correa, las organizaciones deban acudir al Legislativo, para pedir amnistía para sus líderes.

El año pasado, la Asamblea otorgó amnistía a los comuneros de Nabón, en Azuay, opuestos a la minería y acusados de sabotaje.

Y la Constituyente de Montecristi hizo lo mismo: aprobó 20 amnistías e indultos, entre ellos a los acusados de sabotaje, por el caso Dayuma, en Orellana. Y a quienes actuaron contra proyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros, madereros... También al ex presidente Gustavo Noboa, a la ex gerenta de la AGD, Wilma Salgado; comandos de Taura, etc.

Por eso, María Paula Romo, asambleísta de Ruptura de los 25, afirma que el uso de tipos penales que criminalizan la protesta social no es reciente en el país.

“Lo nuevo es que un Gobierno que las haya criticado los use. En Montecristi se aprobaron amnistías y se rechazó el uso del Poder Judicial para perseguir”.

Ella advierte que hay nuevas figuras en el proyecto de Código Integral Penal, que envió el Ejecutivo.“Se elimina el desacato, pero se criminaliza la asonada. Y se dice que quien de forma tumultuaria y violenta exija hacer o dejar de hacer algo que esté dentro de sus funciones será sancionado con tres años de prisión”, anota.

Ella dice que el enriquecimiento privado no justificado y medidas cautelares contra personas jurídicas servirían para perseguir a políticos.

En el caso de los indígenas, hasta ahora no hay detenidos. Pero sí procesos en curso. Por ejemplo está una investigación en la Fiscalía de Imbabura contra Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, y Marlon Santi, ex titular de la Conaie, desde junio del 2010. Se los acusa de haber ingresado en forma abrupta a la Cumbre de presidentes de la Alba, de forcejear con policías y de robar unas esposas.

Lo que hicieron fue gritar “El agua no se vende, el agua se defiende”, afirma Beltrán.

En el caso del MPD, Marcelo Rivera está sentenciado. Además hay nueve militantes, acusados de atentado contra la seguridad del Estado, que permanecen arrestados, desde el 3 de marzo, previo a la Marcha por la Vida.

“En un gobierno que se dice de izquierda es terrible que se use esta figura tan autoritaria y represiva. No son acciones subversivas armadas, al margen de la ley, como las que protagonizamos al tomar las armas”, afirma Juan Cuvi, ex miembro de AVC, quien pasó cinco años en prisión por el secuestro y la muerte de Nahím Isaías, aunque falleció en manos de la Policía. A ellos los acusaron de asociación ilícita, porte ilegal de armas, robo de autos, secuestro, falsificación de documentos...

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