9 de January de 2011 00:00

Fernando Cordero se contradice

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La Asamblea Nacional reaccionó oficialmente por los informes sobre las presuntas irregularidades en la adquisición y alquiler de bienes y prestación de servicios durante la redacción de la Constitución.

Ayer envió un comunicado para dar su versión. En resumen, se explica que el proceso de investigación no está cerrado y que no se define la existencia de supuestos delitos en esas contrataciones.

La Contraloría realizó dos informes sobre las contratos de la Asamblea de Montecristi. Allí se señalan presuntas responsabilidades penales y administrativas. El segundo reporte ha causado polémica, pues el presidente de la Asamblea Fernando Cordero aseguró que no había recibido ese documento. Pero la Contraloría le remitió ese expediente el 5 de agosto del año pasado.

Cordero aseguró en una entrevista con EL COMERCIO, el 2 de diciembre, que nunca le llegó el segundo informe de la Contraloría sobre las presuntas anomalías. En el comunicado público de ayer, reconoció que sí se recibió ese documento, pero que no fue tratado por Cordero, sino que se lo envió a Francisco Torres, quien estuvo en Montecristi y hoy es secretario de la Asamblea.

El texto de la carta de la Asamblea dice: “En conocimiento de que no existía observación alguna que se refiera al arquitecto Fernando Cordero, como correspondía, este remitió en forma inmediata, al señor Francisco Torres, en su calidad de ex Director General Administrativo de la Constituyente, para que dé respuesta a las observaciones formuladas” (de Contraloría).

Además, puntualiza que hasta ayer, la Contraloría General del Estado aún no remitía el informe final de determinación de responsabilidades del examen especial a las operaciones administrativas y financieras ni a Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea de Montecristi) ni a Cordero, en sus calidades de ex presidentes de la Asamblea Constituyente. “Una vez que se reciba se procederá como lo dispone la ley”.

Sin embargo, en los anexos del segundo informe se establece con claridad quiénes son los responsables de las supuestas irregularidades y los montos de multa a varios funcionarios. El informe final ya se lo envió según documentos de la Contraloría y fuentes que consultó este Diario. Además, el ente de control no podía enviar un borrador a la Asamblea, según el convenio firmado entre Acosta y Pólit, solo un examen final.

El convenio firmado por la Asamblea de Montecristi con la Contraloría para auditar el manejo económico de la Constituyente señala -además- que Cordero tenía la obligación de hacerlo conocer públicamente, al menos el que no haya establecido responsabilidades penales. Pese a este compromiso no lo hizo.

En el comunicado oficial de la Asamblea, concluye con una sentencia a los medios de comunicación, quienes han seguido el caso desde que se hizo público por el asambleísta Andrés Páez.

“La responsabilidad social debida por los medios de comunicación les exigía y exige, respetar la Constitución y la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia (...). “, señaló la misiva.

Ayer, se conoció que la Contraloría remitió la segunda auditoría de los contratos de Montecristi a la Fiscalía General del Estado. Esta institución abrió una indagación previa el 14 de diciembre pasado, luego de que se hiciera público ese informe de los investigadores de la Contraloría.

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