En el juicio que sigue el presidente Rafael Correa en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, todavía no se han despachado tres pruebas.
La primera es la historia clínica del Presidente y las facturas de atención médica, que demuestren que ha sufrido “daño moral” por la publicación del libro ‘El Gran Hermano’, que trata sobre los contratos que suscribieron las empresas vinculadas al hermano del Presidente, Fabricio Correa, con el Estado ecuatoriano.
Otra evidencia que aún no se tramita es la solicitud hecha a la estatal petrolera Petroecuador para que remita la información sobre la explotación del campo petrolero Pungarayacu.
Asimismo, la tercer prueba que todavía no se ha entregado es la transcripción de las declaraciones de los funcionarios estatales que aseguraron haber recibido la orden del Presidente de que no reciban a su hermano.
La defensa de los periodistas solicitó cerca de 40 evidencias en el caso que, a su criterio, demostraría que no se cometió ningún delito. Estas incluyen notas de prensa, grabaciones de audio de entrevistas, testimonios de autoridades estatales, entre otras.
Todas estas evidencias deben ser entregadas ante la jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, María Mercedes Portilla, quien tramita el proceso judicial.
El caso se inició en febrero del 2011 porque según el Jefe de Estado, los autores del texto dañaron su buen nombre. Supuestamente en el libro ‘El Gran Hermano’, “se aseguró que el Presidente conocía de los convenios que suscribió su hermano con el Estado”, lo que para el Mandatario es falso.
Por ello, demandó a los periodistas por USD 10 millones.
Sin embargo, la defensa de los reporteros señaló que no hubo ningún daño moral ni mucho menos que esa presunta afectación sea millonaria. Los periodistas han asegurado en reiteradas ocasiones que esa afirmación fue hecha por Fabricio Correa, quien incluso lo reconoció.
Pero, el Jefe de Estado insistió en enjuiciar a los autores del libro y deslindó de responsabilidades a su hermano mayor.
La defensa de Calderón y Zurita pidió al Presidente que demuestre que hubo alguna afectación psicológica o moral en el caso. Y como prueba demandó la presentación de la historia clínica del Primer Mandatario.
En tres ocasiones Portilla solicitó alJefe de Estado que remita esta información y hasta el momento no lo ha hecho, por ello, la siguiente solicitud estará acompañada de la Fuerza Pública.
Los abogados del Mandatario cuestionaron esta petición y señalaron que “los demandados pretenden vender la idea –mediáticamente- que para demostrar daño moral debe presentarse exámenes médicos, etc. (…) de autos consta que las afirmaciones vertidas por los demandados en su libro ‘El Gran Hermano’, son injuriosas, ofensivas, fueron hechas con toda mala fe y para causar escarnio público”, puntualizó Gutemberg Vera, uno de los defensores de Correa.
No obstante, Ramiro Aguilar, abogado de los periodistas, señaló que la contraparte, “está preocupada porque no tiene cómo demostrar que hubo un daño moral. Están en un callejón sin salida”.
Vera contestó a la primera solicitud de la Jueza, con una negativa. Pero se insistió en esa solicitud, lo que para el jurista fue considerado “ilegal”. “Tal como ya lo expresé en mi escrito del 20 de octubre del 2011, la petición de exhibición de documentos solicitada por los demandados es improcedente y no tiene razón de ser”, manifestó el abogado.
Mientras no se despachen todas las pruebas, el proceso judicial no puede avanzar a la siguiente etapa, que es la presentación de los alegatos de las dos partes.
Este caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una muestra de lo que sucede en el país en materia de libertad de expresión e información.
Otro proceso abierto
Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita afrontan otro juicio en su contra por el libro ‘El Gran Hermano’.
Este fue iniciado por la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte. Pide USD 500 000.
Según la funcionaria, en un pie de foto del libro se asegura que cuando ella dirigía el Ministerio de Vivienda se firmaron algunos contratos con el hermano del Presidente, Fabricio Correa. Ella asegura que esos convenios fueron después de su mandato.