Fallo sobre demandas a la ley de medios, sin plazo

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Estefanía Celi R. Redactora politica@elcomercio.com

Por más de tres horas, la jueza de la Corte Constitucional María del Carmen Maldonado escuchó las intervenciones de doce personas. Ellas hablaron a favor y en contra de un tema que ha causado polémica por nueve meses, desde su aprobación: la Ley de Comunicación.

Ayer se realizó en esa instancia judicial la audiencia pública para tratar las tres acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de esa normativa, que se refieren a cuestiones de forma y fondo. Los tres planteamientos fueron acumulados en una sola causa para su trámite.

La primera, planteada por el legislador socialcristiano Luis Fernando Torres, asegura que más de 50 artículos fueron introducidos en el texto final que fue aprobado por la Asamblea sin que estos hayan sido sugeridos por el Pleno.

También, señala que se han encontrado 10 disposiciones de la norma que violan normas constitucionales porque restringen la tarea de los periodistas.

La segunda demanda es el planteamiento de cerca de 60 personas. En su representación, el exlegislador Enrique Herrería señala que destacan que se debe declarar la inconstitucionalidad de toda la norma, porque la Asamblea no podía tratar un proyecto que fue elaborado y también debatido en su anterior período.

Mientras que la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco, en cambio, sostiene que en siete artículos se violan los derechos a la no discriminación, a la libertad de expresión y a la intimidad personal.

Al respecto, el catedrático de ese centro educativo, Farith Simon, expuso que la ley viola la reserva de la fuente para los comunicadores, establecida en la Constitución de Montecristi.

Estos argumentos son rechazados por el Gobierno. Alexis Mera, secretario ejecutivo de la Presidencia, acudió ayer en la audiencia en representación del Ejecutivo, dijo que hay que ponderar entre los derechos, porque todos tienen limitaciones. También, asistieron representantes de la Procuraduría y la Asamblea.

"Se debe analizar si la restricción de la libertad de expresión se justifican en función de la defensa de otros derechos constitucionales. En opinión del Ejecutivo, sí (justifica)".

Al final de su alocución, Mera se mostró abierto a que se dé una sentencia modulatoria, que permitiría aclarar el sentido de los artículos.

Una vez que concluyó la audiencia, la Jueza dio un plazo de 72 horas para legitimar las intervenciones de las partes y la presentación de escritos.

Posterior a esto, la magistrada deberá redactar un proyecto de sentencia para que el Pleno de la Corte Constitucional conozca y resuelva. La ley no dispone un plazo para este pronunciamiento.

Los reproches de Ochoa

Seis personas, incluidos representantes del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom) y de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), participaron ayer en la audiencia como terceros interesados en la causa constitucional.

Sin embargo, un solo incidente causó problemas entre los asistentes. Se trata de la intervención del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

Para entonces, la diligencia había transcurrido con tranquilidad por más de dos horas y media. Pero las palabras del 'Súper' de Comunicación rompieron la tranquilidad de la diligencia y generaron reclamos de los demandantes.

Incluso la jueza Maldonado tuvo que intervenir para que se retome el orden en la sala.

El eje de la participación de Ochoa -según sus propias palabras- no iba por la parte legal, sino de la ética y el honor. "Me llama la atención ver unas personas que se desgarran las vestiduras en defensa de la libertad de expresión, pero debemos de conocer los antecedentes de unos cuantos de ellos para calibrar la doble moral".

El 'Súper' criticó a Herrería por haber solicitado indulto para unos supuestos involucrados en el 30-S, a Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, por no hablar sobre un presunto atropello cometido por el director de un medio privado, y a Luis Fernando Torres por la suspensión de un canal de TV durante el gobierno de León Febres Cordero.

Las reacciones fueron inmediatas. Ochoa terminaba una oración e inmediatamente el aludido respondía, a pesar de los intentos de la Jueza de mantener el orden. La magistrada intervino cuatro veces para que el funcionario pueda continuar, advirtiéndole que se debía referir solamente al tema que se trató en la audiencia.

Pero él continuó. Alzó la voz por encima de los reclamos de Torres: "¿Dónde estaba Fundamedios cuando en este país existían las listas negras?".

Por quinta y última vez, la Jueza pidió orden y que se mantenga el respeto. El Superintendente aseguró que solo trataba de demostrar los antecedentes de quienes "pretenden defender la libertad de expresión".

Los seis discursos de los terceros interesados fueron a favor de la Ley de Comunicación.

En contexto

La Ley de Comunicación fue aprobada por el Pleno de la Asamblea, con mayoría oficialista, en junio del 2013. El proyecto estuvo en trámite por más de cuatro años en el Legislativo. Las tres demandas de inconstitucionalidad fueron planteadas a partir de su vigencia.

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