En Colombia el espionaje a políticos, jueces, periodistas y dirigentes sociales dejó de ser una sospecha para convertirse en uno de los hechos más polémicos que se han registrado en la administración de Álvaro Uribe.
En esos casos de seguimientos e infiltraciones ilegales aparece como responsable el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de Inteligencia que funciona adscrito a la Presidencia de la República.
Aunque este tipo de acciones no son nuevas, el tema llegó a ser tan grave en el actual Gobierno que más de una docena de funcionarios del DAS son investigados. Incluso algunos están en prisión, como su ex director, Jorge Noguera, en cuya gestión en 2004 se originó el escándalo de interceptaciones telefónicas o ‘chuzadas’.
Según la Fiscalía, en ese año, el DAS creó oficinas internas para realizar espionaje a todo actor político que resultase peligroso para la estabilidad del Gobierno. Los reportes indican que hasta se llegó a espiar a algunos magistrados de la Corte Constitucional, entre 2004 y 2005 que estudiaron las reformas legales para la primera reelección de Uribe.
Pero el punto máximo de este escándalo llegó a finales de 2005, cuando una investigación periodística de la revista Semana determinó la infiltración de grupos paramilitares al DAS.
Por ese caso Noguera es procesado, porque supuestamente entregó a esos grupos armados información de Inteligencia de dirigentes sociales y sindicales posteriormente asesinados. Ese fue el caso del catedrático Alfredo Correa, acribillado en 2004 y de quien el DAS tenía registros.
A raíz de esos episodios, la Presidencia removió a la cúpula del organismo de Inteligencia, para reorientar su funcionamiento.
Y aunque desde entonces, aparentemente, se calmaron las interceptaciones a opositores y periodistas, las entidades de espionaje del DAS jamás dejaron de operar. Al contrario, bajo otro nombre, volvieron a la carga en las presidenciales del 2006.
Políticos de izquierda como el ex candidato presidencial Gustavo Petro, el ex alcalde bogotano Luis Garzón o el gobernador de Nariño, Antonio Navarro, fueron vigilados por agentes del DAS.
Sin embargo, el retorno de las ‘chuzadas’ dejó de ser una sospecha en el segundo semestre del 2008, cuando apareció un documento interno del DAS. En ese comunicado, Fernando Ovalle, coordinador del grupo que hacía Inteligencia a la oposición, pedía a sus colegas: “De manera atenta solicito su colaboración en el sentido de enviar información disponible, relacionada con las actividades de Gustavo Francisco Petro Urrego, senador del Polo Democrático.
Ante la magnitud del hecho, el DAS no tuvo otro remedio que aceptar la autenticidad de ese documento y señalar que fue un error el espionaje al político (ver testimonio). Más tarde se conocería que personajes como el ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, y el ex presidente César Gaviria también fueron espiados.
Pero en esta fase, el espionaje no se limitaba a interceptar comunicaciones. También incluía la recopilación de información. Para ello, los agentes del DAS pedían información reservada a la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda, que entregó esos datos sin autorización. Por ello, sus funcionarios están presos.
Si bien el DAS está bajo el mando de la Casa de Nariño, hasta el momento no se han presentado pruebas de que el presidente Uribe haya tenido responsabilidad en estas actividades.