Empleados de la Cervecería Nacional protestaron en la Asamblea

Una comisión de 30 trabajadores de la Cervecería Nacional (CN) fue recibida ayer en la Asamblea Nacional.

Los empleados expresaron su oposición al fallo judicial en contra de la Cervecería, por el cual deberá pagar USD 90 millones a un grupo de ex trabajadores.

Las legisladoras María Paula Romo y Marisol Peñafiel los recibieron en el salón del ex Senado de la Legislatura, ubicado en el primer piso del edificio.

Romo aseguró que los trabajadores de la compañía fueron recibidos porque se trata de un tema de interés nacional, por las repercusiones que ha desencadenado el caso. Pero recalcó que en su calidad de asambleísta no puede intervenir en temas de justicia.

“Queremos reiterar que nosotros no podemos involucrarnos en ningún juicio. Pero como ustedes son ciudadanos estamos obligados a escucharlos. Estas son las únicas expectativas que pueden tener de esta reunión”.

Por su parte, el vocero oficial de los empleados, Pedro Sotomayor, explicó a las asambleístas que la sanción impuesta por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayas contra la Cervecería violenta los derechos de quienes trabajan en esta empresa.

Además, entregó varias cartas elaboradas por los empleados. “Nosotros solicitamos que se procese y garantice nuestro derecho constitucional al trabajo y la resistencia. Este fallo es inconstitucional. Es por esto que le entrego estos documentos en donde explicamos el porque de esta marcha”.

Santiago Martínez, gerente de ventas de la compañía, sostuvo que han existido irregularidades en el juicio. “Este proceso es ilegítimo. Por una parte, el fallo penal fue dictado por un juez de lo penal, cuando debió haber sido realizado por otro que obedezca al campo laboral. Hubo atribución de funciones por parte de los jueces encargados de este tema”.

En este sentido, los trabajadores se quejaron de que el juicio no ha sido transparente. En su opinión, ni siquiera se conocen los criterios sobre los cuales se estableció la cifra que la Cervecería debe pagar.

Las protestas de los trabajadores continuarán. Esta queja será a la par de que la empresa arme su estrategia legal para frenar el fallo de la Tercera Sala de lo Penal.

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