25 de December de 2010 00:00

El embargo a Vanguardia abrió otro frente del Gobierno con la prensa

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Redacción Política

Casi con la exactitud del calendario, el Régimen repitió la misma sorpresa navideña. Igual que el año pasado, un medio de comunicación privado era nuevamente sujeto de una decisión pública que, por las características en la que fue ejecutada, atentó contra los principios básicos de la libertad de expresión.

El 22 de diciembre del 2009, la Superintendencia de Telecomunicaciones cortaba la señal de Teleamazonas por tres días, como medida de sanción por los expedientes que se habían abierto en su contra. Ese día, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones también sancionó a la radio shuar La Voz de Arutam, por supuestamente haber alentado las marchas indígenas.

Este año, el turno fue de la revista Vanguardia. El viernes 17 de diciembre, a las 17:45, funcionarios de la Unidad de Gestión, en coordinación con el Fideicomiso AGD-No Más Impunidad, ingresaron a las instalaciones de ese medio impreso. Según la nota editorial que Vanguardia publicó, lo hicieron de forma “desmedida” en compañía de cinco patrullas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Los funcionarios públicos llevaban un documento, según el cual se probaba la deuda de la revista, por varios meses de arriendo del inmueble donde laboraba. El bien pertenecía al ex banquero Alejandro Peñafiel.

Los uniformados entraron al lugar con sus armas, registraron a los periodistas, al tiempo que los funcionarios de la Unidad de Gestión desconectaron los computadores y se los llevaron a un edificio contiguo, que también es cuidado por el Fideicomiso.

Fue un operativo confuso y desmedido. ¿Una orden de inquilinato se resuelve con una imponente demostración de fuerza y poderío? ¿Por qué se embargaron unos computadores que, en esencia guardan información e investigaciones periodísticas?

Pedro Delgado, primo del Presidente de la República y titular del fideicomiso AGD-No Más Impunidad, ha explicado en varios medios de comunicación el porqué de esta polémica acción.

El Código de Finanzas Públicas, que recientemente fue aprobado, avala la creación de la Unidad de Gestión. También le entrega potestad para que inicie los procesos penales en contra de los deudores de la banca cerrada.

Ese es el respaldo para la institución que maneja Delgado y fue el empujón que necesitaba para empezar el proceso de coactiva. El funcionario aseguró que la decisión que se tomó con el inmueble donde funcionaba Vanguardia no fue un hecho aislado. Días atrás se había ejecutado otro procedimiento similar con una hacienda ubicada en Guayas.

Por eso, descartó que el embargo de los bienes de Vanguardia sea político o una represalia por las publicaciones que realizó el semanario. Justamente, en el último número, difundido desde el domingo pasado, se cuestionaba el manejo en el tema de inseguridad que emprendió el Régimen.

Para Delgado, este es un tema de números: la revista debía USD 13 560, correspondientes a 13 meses de alquiler del inmueble que era de propiedad del ex dueño del Banco de Préstamos. Vanguardia, por su parte, insiste en que el problema no es de deudas sino un litigio que tiene que solucionar un juez de Inquilinato.

En el medio de esta disputa están las alertas por los atropellos a la libertad de expresión que acciones como estas ocasionan. La SIP, la Aedep, Fundamedios, los políticos de oposición... han sido críticos con el operativo que lidera el primo de un Presidente que permanentemente ataca a la prensa privada.

Los excesos en los que pudo caer la acción del Fideicomiso también preocuparon al juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Rubio. En su fallo parcial a favor de la revista no solo dispuso que Vanguardia accediera a una copia de los computadores embargados, según lo dispone la Unidad de Gestión. También dejó en claro que el “deber del Juzgador Constitucional es garantizar el derecho constitucional de la prensa a informar y de la ciudadanía a ser informada”.

Pero su orden -que debía ejecutarse el miércoles pasado- se enredó en unos errores de notificación que han retrasado el deseo de Vanguardia de recuperar su información. Sin duda es una omisión polémica si se la compara con la rápida acción, el viernes 17, del Fideicomiso y de la Unidad de Gestión.

En el editorial de Vanguardia se deja constancia porque “en menos de cinco minutos (se ejecutó el operativo de embargo) cuando en su documento de marras se establecía un plazo de tres días, se apoderaron de la información que procesa esta publicación”.

El atropello que denunció la revista es el nuevo episodio que la prensa enfrenta con el poder en los días de Navidad. Esta vez el ejecutor es Delgado, familiar y asesor del Primer Mandatario, quien tiene a su cargo una tarea que ha demorado en ejecutar: la venta de los medios incautados, una plataforma del Gobierno.

¿Quién es?

Pedro Delgado es uno de los funcionarios más cercanos al Presidente. Estuvo en la Junta Bancaria y luego pasó a liderar el Fideicomiso, encargado de los bienes incautados a la Banca luego de la crisis.

¿Qué dijo?

“Lo que está haciendo el Fideicomiso No más Impunidad es tomar control sobre los bienes del Estado. “No es un caso aislado, son varios casos donde estamos empezando a controlar estos bienes”

¿Qué hizo?

El viernes pasado ordenó un embargo a la revista Vanguardia. En el operativo se llevaron computadoras con información clave para el trabajo periodístico de este medio de comunicación.

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