26 de June de 2011 00:08

“El Ejecutivo nunca ha pedido o influido en una sentencia”

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En una pequeña oficina del segundo piso del Palacio de Carondelet, Gustavo Jalkh cumple ahora su función de secretario particular del Presidente de la República. Sobre su impecable escritorio hay pocos papeles, una mini laptop y la fotografía de su esposa y ex alumna Raquel Roldán, con quien se casó en el 2009.

La entrevista se realiza justo cuando los periódicos abren sus ediciones con el asesinato del actor y cineasta quiteño Manuel Calisto.

Cada vez estamos más inseguros, doctor Jalkh...

La muerte de Manuel Calisto la lamenta todo el país, incluido el Gobierno Nacional.

De acuerdo, pero los ciudadanos se preguntan ¿por qué tanta violencia criminal?

El tema de la seguridad ciudadana debe ser una causa que nos una a todos los ecuatorianos, más allá de cualquier discrepancia. Es un tema que nos interesa a todos que se resuelva y para eso debe haber un abordaje integral de la problemática.

Y debería haber un liderazgo desde el Gobierno, pero con un Presidente que una y no que divida...

Ningún otro Presidente de la República se está ocupando del tema de la seguridad y de la justicia como Rafael Correa. Eso es innegable. Justamente, el Jefe de Estado está invitando a todos a que aborden la justicia y la seguridad en la dimensión que estos problemas tienen para el país.

Pero, ¿escuchando a todos los sectores de la sociedad o solamente a quienes están de acuerdo con él?

Por supuesto, no puede ser de otra manera. En seguridad ciudadana y justicia hay que actuar de manera propositiva.

Muchos sectores no sienten que eso esté ocurriendo...

Nadie gana haciendo de la inseguridad una muletilla para criticar a un Gobierno, a una institución, a un ministro o a la Asamblea. El Presidente y el Régimen invitan a buscar soluciones de fondo y a debatir la propuesta integral que el Gobierno plantea.

¿Propuesta integral?

Sí, una propuesta integral con cuatro ejes. Uno, la prevención. Ahí hay mucho que hacer no solo desde el Régimen sino desde los gobiernos locales seccionales, alcaldías, organismos sociales, centros educativos, barrios...

Sin embargo, eso requiere capacidad de reacción no solo de los ciudadanos, sino, sobre todo, de la Policía...

Es cierto que en aquellos delitos que no se han podido prevenir tuvo que haber una capacidad de reacción de la Policía.

¿Por qué no hay capacidad de reacción? ¿Porque desde el 30-S quedó debilitada la institución?

Lo del 30-S fue una acción de un reducido grupo policial. El resto de la institución se mantiene firme y está trabajando para mejorar su capacidad de reacción.

Pero, ¿cómo puede mejorar la Policía si no tiene el apoyo del oficialismo?

Claro que lo tiene. El Gobierno ha incrementado el número de policías, les ha dotado de mayor equipamiento y mejor tecnología. La Policía ha desarticulado muchas bandas criminales, incluso internacionales, pero si desde la administración de justicia persiste la impunidad, se destruye todo ese esfuerzo.

Sin ánimo de estigmatizar a nadie, existe la percepción de que la apertura total de las fronteras y la “ciudadanía universal” tiene que ver con la inseguridad y la violencia...

Cuando hablamos de migración sería un error vincularla directamente con la inseguridad. Hay que pensar en los ecuatorianos que emigran y van a vivir en otras naciones. No nos gustaría que por ser ecuatorianos no los dejaran entrar o los estigmatizaran.

Claro que no, pero, ¿qué está haciendo el Gobierno para controlar el ingreso indiscriminado de extranjeros?

Estamos definiendo políticas muy claras para el registro de los extranjeros. Es decir, por ejemplo, que el Gobierno y las instituciones de seguridad sepan exactamente dónde están, qué hacen, a qué se dedican.

¿Ya existe ese registro?

Se ha avanzado mucho en este tema...

¿Pero no lo suficiente?

Todavía hay que afianzar el registro, pero eso no implica necesariamente el tema de las visas. No olvide que este Gobierno fue el que decidió exigir visa a ciudadanos de nueve o 10 países para prevenir la comisión de delitos.

¿Y por qué no visa para todos?

Porque es una cuestión relativa. Hay que implementarla, pero no desde la estigmatización al extranjero sino desde una serie de acciones en el campo preventivo. Los extranjeros son bienvenidos en nuestro país. También queremos que los ecuatorianos sean bienvenidos en otros países.

¿Y qué pasa con el estatus de refugiado que se da a personas que lo mal utilizan?

El Gobierno ha establecido sistemas mucho más rígidos para que no se abuse de la institución del refugio. Es un estatus que no podemos eliminar, pero sobre el cual sí podemos estructurar una serie de mecanismos para evitar el mal uso de esa condición.

Hablemos de la justicia. ¿Por qué fracasó el Consejo de la Judicatura?

Porque los miembros del Consejo no aplicaron las competencias que la ley les dio.

¿Y qué garantía tiene el país de que el nuevo Consejo sea eficaz y logre elevar la calidad de la administración de la justicia?

Primero aclaremos que si en este momento la función Judicial cerrara sus puertas y se dedicara a despachar solo el acumulado que tiene, se pondría al día en 15 años. Tiene un acumulado de más de un millón de causas. Ahí está una de las raíces de la impunidad. ¿Cómo es posible eso?

Pero eso tampoco va a resolver el nuevo Consejo...

Cuando hablamos de reformas profundas hablamos de transparencia, de calidad de la justicia. Hay que recuperar todo ese tiempo perdido por el Consejo de la Judicatura.

¿Cómo?

Tomando medidas para modernizar y reformar la justicia. Tomando medidas quirúrgicas, creando la escuela judicial, mejorando el recurso humano, contando con jueces que realicen un trabajo realmente justo, ágil, efectivo, desarrollando una estrategia “cero papeles” que ya existe en otros países en América Latina mientras acá la función Judicial está inundada de papeles.

A mucha gente le preocupa que el nuevo Consejo tenga una relación directa con el Ejecutivo, que éste incida en las decisiones del organismo…

Como le dije, el buen funcionamiento de la justicia tiene que ser una causa nacional, y eso ha exigido el involucramiento del Ejecutivo. El mal funcionamiento de la justicia también afecta a la política del Ejecutivo y a los ciudadanos.

¿Pero eso no significa que el Ejecutivo intervenga directamente en el control de la administración de la justicia?

Claro que no. El Ejecutivo puede tomar medidas, pero esas medidas no deben afectar ni la independencia de los jueces ni la autonomía de la función Judicial.

Eso, en teoría. Porque lo que se preguntó en la consulta dejaba entrever que el Ejecutivo quiere controlar la justicia y los medios de comunicación...

No hay evidencias ciertas de que eso vaya a suceder. Por el contrario, hay un montón de ejemplos, como el caso del coronel Carrión, donde pese a lo que ha dicho el Presidente, la justicia ha hecho otra cosa.

Sin embargo, el Presidente se pronuncia a favor de Galo Chiriboga y todo parece indicar que por ahí va el nombramiento del nuevo fiscal...

No, el presidente Correa no ha dicho eso. El Presidente ha dicho que Chiriboga es una persona honesta, que él conoce a esa persona y que le han hecho una serie de críticas infundadas.

¿No es esa una forma de influir para que Galo Chiriboga sea fiscal y deba favores a quienes lo apoyaron?

Hay un proceso en marcha, con sus propias reglas y transparente. Todos los días vemos en los medios de comunicación las impugnaciones y las respuestas. En eso no tiene nada que ver el Ejecutivo ni nadie del Gobierno.

¿Usted está hablando de que este momento hay independencia de poderes?

El Ejecutivo nunca ha pedido o influido para que una sentencia se elabore de una u otra manera…

La percepción es distinta. A veces, el Presidente habla de un tema judicial en su enlace del sábado y el lunes siguiente actúa un juez en el caso...

Pero quizá hay más ejemplos de lo contrario. Puede ser que algunas personas tengan esa impresión, pero no es así. También sería injusto e incoherente que un juez o una autoridad policial o un fiscal no actúen de oficio, como deberían actuar, en muchos hechos. Cuando el Presidente se ha referido a que hay un delito y que la Policía debería actuar, esta institución simplemente está cumpliendo su deber en hechos puntuales donde debe actuar.

¿El Presidente quiere controlar a los medios y quiere controlar la justicia como una manera de perennizarse en el poder?

Ese es un discurso de quienes tienen agendas políticas de oposición y quieren desprestigiar algo que el pueblo ecuatoriano aprobó en la Consulta.

La gente aprobó el cambio en la justicia, no el control...

En eso estamos, en el cambio profundo de la administración de justicia. No es posible que hagamos tantos esfuerzos por la seguridad ciudadana y que la impunidad haga que todo ese afán caiga en saco roto. El pueblo ecuatoriano aprobó que haya una transformación en la justicia y es el mismo pueblo el que debe darle un seguimiento transparente para que esto funcione.

La clave está en que el nuevo Consejo sea totalmente independiente. Pero eso no está claro ni garantizado, porque los miembros deberán favores a quienes los eligieron...

Como todos los ecuatorianos de buena fe y bien intencionados, yo sí creo en la posibilidad de que el nuevo Consejo sea totalmente independiente. Es una oportunidad histórica para cambiar la función Judicial con transparencia y honestidad.

¿No habrá influencia ideológica ni política en las acciones del Consejo?

No lo habrá. Pero si alguien cree que eso va a suceder, lo único que pido es que recuerden aquello de que “por sus obras los conoceréis”. Cuando actúen y tomen decisiones el país sabrá juzgarlos.

¿Pero los ciudadanos cómo podrán hacer para evitar abusos de ese Consejo, en caso de que sucedieran?

Con veedurías ciudadanas. La formación de estas veedurías es clave. Por eso el Gobierno, con el liderazgo del Presidente, hace un llamado a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a las fuerzas sociales, a los asambleístas. Esta es una responsabilidad de todos los ecuatorianos.

Para que eso suceda debe haber garantías de que todos los ciudadanos podrán denunciar, podrán expresarse en forma individual o a través de los medios. Debe haber libertad de expresión para que exista una verdadera justicia.

Existen todas las libertades en nuestro país. Sería tan terrible que un juez caiga en la autocensura y que un periodista caiga en la autocensura. Pero nosotros creemos que hay muchos periodistas con valores, con principios. Igual creemos que hay buenos jueces, con ética y probidad. A todos ellos los convocamos para trabajar juntos en la lucha por una justicia de calidad y por una seguridad ciudadana cada vez más firme.

Luego de la Consulta hay un mandato ciudadano para que cambie la justicia. ¿En qué plazo piensan hacerlo?

En 18 meses haremos una modernización agresiva de la administración de la justicia.

¿En 18 meses podremos comprobar si la administración de justicia ha cambiado o sigue siendo la misma? ¿Usted garantiza eso?

El buen funcionamiento de la justicia es una causa nacional bajo el liderazgo del Presidente de la República. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cambiar para siempre la justicia y recuperar la seguridad individual y colectiva.

HOJA DE VIDA
Gustavo Jalkh

Quién es. Es ecuatoriano, de descendencia árabe y alemana. Su padre Antonio es  libanés. Su madre Hilde es  mantense, hija de alemanes. Estudió Derecho en la  U.  Católica de Quito.

Su actividad política.  Participó en las marchas contra el presidente Lucio Gutiérrez.  En el gobierno de Correa ha sido ministro de Justicia y de Gobierno. Hoy es secretario particular del Presidente.


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