Muy pocos en el entorno oficial han reconocido que pudo haber precipitación en la decisión de declarar persona no grata a la Embajadora estadounidense, tras saberse que ésta habría enviado en el 2009 un cable diplomático en el cual dice que el presidente Rafael Correa nombró a Jaime Hurtado en la Comandancia de la Policía a sabiendas de las denuncias de corrupción en su contra, para manipularlo.
Pese al gran despliegue político, el tema aún no ha sido lo suficientemente cribado. Por ejemplo, queda por ponderar la afirmación del Canciller, de que el honor presidencial está por encima de cualquier acuerdo comercial. Está pendiente un debate sobre la responsabilidad del Ejecutivo de conocer los antecedentes de quien pusieron al frente de la Policía. El Gobierno sostiene más bien que, si Estados Unidos es amigo, Hodges debía haber entregado los documentos a los que tuvo acceso.
Esta nueva acción se da en un contexto de mutua sospecha, como lo confirman del lado norteamericano las decenas de cables publicados; la Embajadora jugaba a la teoría de que, pese a los vaivenes, Correa no era antiestadounidense. ¿Llegó la relación al nivel en el que el sector más radical de la Cancillería quería ponerla? Se percibe, por lo menos, un suspiro de alivio, mientras suben de tono las voces que exigen que los ecuatorianos se alineen con el discurso de la soberanía nacional y el honor presidencial.