30 de June de 2010 00:00

Los dueños de Cosurca impulsan cuatro juicios por USD 60 millones

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Unidad de Investigación

La decisión presidencial de terminar unilateralmente los contratos de las empresas relacionadas con Fabricio Correa Delgado, en julio del 2009, originó cuatro demandas por alrededor de USD 60 millones contra el Estado. Además, cinco procesos penales en contra de dos funcionarios del Régimen.

Tres de esos procesos se tramitan en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de Loja. Otra está en Quito, también en un Tribunal similar de esa jurisdicción. Mientras que la Fiscalía tiene a cargo cuatro denuncias contra David Ortiz, ex ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ahora en la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse); y otra contra Cristóbal Punina, gerente general de Hidrolitoral. Ambos enfrentan cargos por presunto fraude de seguros por haber cobrado las pólizas de los contratos terminados.

Todas esas reclamaciones fueron planteadas por Máximo Villavicencio, uno de los propietarios, junto con Fabricio Correa, de las compañías Cosurca y Megamaq.

Están relacionadas directamente con las obras que ambas firmas constructoras contrataron por más de USD 80 millones con diversos ministerios.

No obstante, esos convenios fueron terminados unilateralmente por orden del presidente Rafael Correa, tres y cinco meses después de que, en junio del 2009, saliera a la luz la relación de su hermano con esos contratos. Lo hizo en base al artículo 62 de la Ley de Contratación que prohíbe a los familiares del Presidente contratar con el Gobierno.

El primero en admitir su participación en ese conglomerado empresarial, encabezado por Cosurca, fue el propio Fabricio Correa, quien hoy, un año después, cambió su versión: sostiene que no es el dueño de esas firmas.

Pese a que en un primer momento el presidente Correa dijo que no había ninguna ilegalidad en esa contratación, luego pidió que se terminaran todos los contratos. Además, solicitó auditorías, que efectivamente se concretaron desde la Contraloría y la Procuraduría del Estado.

La principal conclusión de la Contraloría fue que todas las compañías investigadas estaban relacionadas entre sí, y que su mayor paquete accionario era de la firma panameña International Energy Overseas Corporation. Su principal accionista es Megamaq, filial del holding de Fabricio Correa Delgado.

Este Diario pidió al área de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas información sobre el estado de los contratos terminados unilateralmente, pero no contestó nuestro pedido. Hidrolitoral se limitó a informar que la obra en Baba fue adjudicada al Consorcio Equirent-Oss, el 5 de octubre de 2009, pero no dio detalles de esa transacción. “En la relación plazo y valor, cumplieron (Megamaq) el 100 por ciento”, precisó Punina.

Empresas incumplidas

“Las repercusiones son demandas por USD 60 millones contra el Estado, la pérdida de 15 mil fuentes de trabajo, de forma directa e indirecta, una provincia abandonada en el tema vial y sembrar la inseguridad jurídica”, apunta Máximo Villavicencio, quien dice ser el único propietario de las empresas.

Punina y Ortiz fueron demandados en la Fiscalía por cobrar ilegalmente las pólizas de seguros contempladas en los contratos con Hidrolitoral y del MTOP.

Las compañías Cosurca, Megamaq, Consorcio Amazónico y Quality Outsourcing están registradas como contratistas incumplidas en el portal de Compras Públicas. La sanción a las dos primeras es por los contratos con el MTOP y la siguiente por un convenio fallido con Petroproducción. Vencen en septiembre y noviembre del 2014.

A parte de las demandas de indemnización y penales, Villavicencio prepara otra ofensiva judicial. Solicitó a la actual ministra del MTOP, María de los Ángeles Duarte, una certificación que indique cuáles fueron las bases que sirvieron para dar por terminados unilateralmente los contratos. La Ley de Contratación Pública establece que deben haber informes: jurídico, técnico y financiero, para tomar esa decisión. “Ninguna de las tres cosas se anexó a las terminaciones unilaterales, solo con que falte uno es ilegal es nulo, señaló Fabricio Correa, cuyo abogado, Joffre Campaña, patrocina todos los procesos. Esta acción busca iniciar causas penales para que los funcionarios que firmaron las terminaciones unilaterales de los contratos “paguen con sus bienes, por los daños ocasionados al país”. 

Mientras seis contratos fueron terminados, uno siguió vigente

Se anularon

El 3 de septiembre pasado, dos de los tres convenios de Cosurca fueron terminados unilateralmente. Uno de ellos fue firmado el 18 de febrero de 2009, para la rehabilitación de la carretera El Empalme-Celica-Alamor, de Loja, por USD 11 541 265 77.

Ese día también fue terminado el convenio que Megamaq mantenía por USD 1 197 940, para la construcción del puente sobre el río Paute, sector Uzhupud, en Azuay. Había sido adjudicado el 5 de junio de 2009 y fue compartido con la compañía Siderúrgica Ecuatoriana, en el Consorcio Puentes.

También fue terminado el subcontrato entre Hidrolitoral y Megamaq por USD 12 000 000. Fue firmado el 24 de septiembre de 2008 y establecía el movimiento de tierras y transporte de materiales en volquetes, en el proyecto multipropósito Baba, en Los Ríos.

Otro proyecto terminado fue la reconstrucción y mejoramiento de los tramos 1 y 2, de la carretera Plan de Milagro-Indanza-Gualaquiza, de Morona Santiago. La obra era por USD 15 458 157.

Otro contrato de Cosurca con el MTOP fue finalizado el 24 de noviembre anterior. Fue adjudicado el 28 de octubre de 2008, por USD 29 092 962 52, para la rehabilitación del tramo Alamor-Pindal-Zapotillo-Lalamor, de la carretera Arenillas-Puente Puyango .

Este lunes 28 de junio se notificó la terminación unilateral de la construcción del sifón Limones. La obra se iba a concluir el 31 de julio próximo.

El proyecto siguió

El convenio para el movimiento de tierras en el programa Socio Vivienda, en Guayaquil, por USD 3 998 839, con el Ministerio de Vivienda no fue terminado. Estaba ejecutado en un 85 por ciento, a dos semanas de terminar. Fue concluido.

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