13 de December de 2011 00:01

Duarte no concilió con Calderón y Zurita

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La audiencia de conciliación entre la defensa de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita y la abogada de la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, no dio resultados.

Así, el juicio civil por daño moral, que la funcionaria interpuso contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’ continuará. Se trata de un segundo expediente que Calderón y Zurita deben afrontar. Por esta publicación, Duarte exige una indemnización de 500 000 dólares, que se suman a los USD 10 millones que Correa planteó en su contra.

La demanda de la Ministra data de marzo pasado. Ella cuestiona la redacción de un pie de foto que describe una imagen suya, señalando que fue durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) que una empresa vinculada a Fabricio Correa, hermano del Presidente, obtuvo un millonario contrato de movimiento de tierras para el programa Socio Vivienda.

Duarte ha aclarado que cuando se firmó el convenio, ella ya no estaba al frente de esa Cartera, pues estaba en campaña para la Alcaldía de Guayaquil. El contrato, según explicó Duarte, fue suscrito en marzo del 2009 y ella salió del Ministerio en febrero de ese año.

Ayer, durante la audiencia de conciliación, la abogada de Duarte, Alexandra Macías, señaló que no retirará la demanda a menos que los dos periodistas pidan disculpas públicas y acepten que cometieron un error en la publicación de su libro. Pero la defensora de Calderón y Zurita, Ana Lucía Maldonado, explicó que ninguno lo hará porque “no han cometido ningún daño moral”.

Con esta aclaración, la diligencia , que apenas duró 15 minutos, concluyó. El juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, Wílmer Ambrossi, explicó que con esta audiencia termina la parte previa del proceso. Ahora, se inicia la etapa de pruebas.

Según Calderón, esta “demanda es una clara intención de persecución”. Y aclaró que en ninguna parte del libro ‘El Gran Hermano’ se acusa a Duarte de haber cometido un delito, solo “se refleja las actuaciones de funcionarios públicos”, indicó.

Por ello, adelantaron que no tienen motivos para disculparse, pues ellos se respaldan en la investigación que realizaron.

Este proceso se suma al que inició el presidente Rafael Correa en contra de los dos periodistas, también por daño moral. El Primer Mandatario los demandó porque, según él, en el libro se asegura que sí conocía de los contratos que su hermano había suscrito con el Estado, lo que “es una mentira. Yo nunca supe que mi hermano contrataba con el Estado”, manifestó el Presidente.

Correa pidió una indemnización de USD 10 millones; cinco millones por cada uno. Este caso está en manos de la jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, María Mercedes Portilla, y aún no ha sido resuelto. El 28 de noviembre, el presidente Correa rindió juramento deferido.

Cuatro días más tarde, el abogado defensor del Jefe de Estado, Alembert Vera, pidió a la Jueza que dictara sentencia en el caso. No obstante, el abogado de Calderón y de Zurita, Ramiro Aguilar, pidió que se realice un peritaje y se tome como pruebas los audios de la entrevista realizada a Fabricio Correa, sobre los contratos que sus firmas vinculadas mantuvieron con el Estado.

Esto porque, según han explicado los periodistas, fue el hermano del Presidente el que señaló que Rafael Correa sí conocía de los negociosos que sus empresas tenían con el Estado ecuatoriano.

Por ello, el viernes pasado, la jueza Portilla desechó la petición del abogado del Primer Mandatario, y fijó para los días 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de diciembre audiencias para escuchar las grabaciones. Las diligencias se realizarán a las 11:00, y asistirá también el perito del proceso.

El caso en la CIDH

Por la demanda  planteada  por el presidente Rafael Correa, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita acudieron, en octubre pasado,  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 Ellos fueron acompañados  por Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas; de César Ricaurte, director de Fundamedios; y de Diego Cornejo, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep). Esto motivó varias cadenas nacionales del Gobierno en su contra.

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