26 de November de 2011 00:01

Dualidad de la justicia en amenazas por Twitter

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La detención de Javier G., quien supuestamente amenazó por Twitter al presidente Rafael Correa, ha provocado un debate entre la celeridad del sistema judicial para proteger al Primer Mandatario y la indefensión del resto de ciudadanos.

El sábado pasado, el Jefe de Estado reveló en su enlace semanal que había recibido amenazas de muerte. Cinco días después este hombre de 44 años, oriundo de Cuenca, fue apresado.

El 10 de noviembre, César Ricaurte, director de Fundamedios, denunció también que había recibido ataques y amenazas contra su integridad. “A partir de la emisión de las cadenas (oficiales) tuvimos una gran cantidad de mensajes, unos insultándonos, agrediéndonos y varios más amenazándonos directamente de que nos van a desaparecer, de que nos van a eliminar, de que vienen por nosotros”, contó Ricaurte.

Por ello, el comunicador prefirió cerrar su cuenta de Twitter.

Al día siguiente el viceministro del Interior, Leonardo Berrezueta, dispuso que se le brindara seguridad policial. Pero aseguró que “en estos sitios (redes sociales) existe una gran cantidad de improperios, amenazas, atropellos e insultos, pero que sin duda, son parte de la libertad de expresión que se vive con absoluta tranquilidad en el Ecuador”. Y puntualizó que las personas que tienen cuentas en Facebook o en Twitter “están expuestas a recibir cualquier tipo de mensajes acorde a la actividad que realizan”.

Al parecer, este criterio no se aplicó a la hora de seguir la denuncia del presidente Correa...

Para el asesor jurídico de Fundamedios, Mauricio Alarcón, esta actuación dispareja demuestra que “se hacen distinciones entre los ciudadanos. Cuando se amenaza al Presidente sí se actúa de inmediato y cuando se trata de un ciudadano común entonces, es un tema de libre expresión”.

Comentarios similares se han desatado en las redes sociales. Por ejemplo @eyaguar escribió: “¿Ya están presos los que amenazaron de muerte a César Ricaurte?”. Asimismo, el activista político Carlos Vera escribió: “Si César Ricaurte reporta amenazas de muerte, se burlan, envían un policía ...”.

También hubo tuiteros que cuestionaron la denuncia de Ricaurte. @jrickymayo escribió: “César Ricaurte mentiroso, ya te vamos conociendo, siniestro”.

Para el asambleísta de Alianza País, Ángel Vilema, la rapidez en la actuación judicial en el caso de Correa se debe a que fue más fácil investigar de dónde provinieron las amenazas. “Este señor tenía una cuenta de Twitter con su nombre real y así se lo pudo identificar. En otros casos, las cuentas son ‘hackeadas’ o son creadas con seudónimos por lo que resulta más complicado indagar”. Aunque, Vilema aclaró que amenazar a alguien es un delito, “no importa quien sea el afectado”.

Pero la asambleísta Betty Amores, ex militante de A. País, considera que la función judicial ha actuado tan diligentemente en el caso del Jefe de Estado porque “está sometida a la autoridad y poder del presidente Rafael Correa. Me parece que debe haber una situación de respeto, pero ahora la voz del Presidente es un mandato. Eso pretendíamos evitar cuando se pidió que se vote en contra en la consulta popular”, explicó.

Amores rechazó las amenazas que pueda haber recibido el Jefe de Estado, pero “me preocupa que con estas situaciones se genere miedo de opinar, de contradecir y luego ser detenido”.

Javier G. fue liberado

Ayer en la tarde, se realizó la audiencia de flagrancia en contra de Javier G. El cuencano pidió disculpas públicas al presidente Correa. “Fue un exabrupto el que cometí, no estoy vinculado a ningún movimiento, partido político, soy una persona que me dedico a trabajar como ingeniero civil”.

El juez II de Garantías Penales, Guillermo Neira, dispuso su liberación, pues transcurrieron las 24 horas de la detención provisional y durante ese tiempo las investigaciones no encontraron pruebas para que continúe su detención.

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