“Iremos afuera de la Cárcel 4 a acompañar a mi esposo, que está detenido injustamente”, dice Flor Orozco, la esposa de uno de los policías detenidos por el 30-S.
Sus ojos se llenan de lágrimas, pero intenta contener el llanto. Está sentada en la oficina del abogado Patricio Armijos, quien lleva la defensa del esposo de Orozco, Kléver Albán, y de otros 45 policías. Todos son procesados en la Fiscalía por tentativa de rebelión durante la insubordinación policial del pasado 30 de septiembre.
A diferencia del pronóstico positivo que hace la defensa del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, la investigación de estos ex uniformados no proyecta buenas noticias. Armijos cree que los fiscales tienen miedo de hacer un fallo a favor de los policías retenidos desde el 5 de octubre pasado.
El abogado ha solicitado fianza, sustitución de la prisión preventiva, amparo de libertad… pero ninguna apelación ha sido escuchada por los jueces, hasta el momento. Sin embargo, la defensa aún mantiene esperanzas porque dice que a ninguno se le encontró indicios que demuestren haber cometido actos de violencia contra bienes públicos ni contra personas, como establece el Código Penal al tratar sobre el delito de rebelión. Según esa norma legal, podrían ser privados de su libertad, entre dos y cinco años.
El Código Penal señala que “es rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la Fuerza Pública (…) cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública”.
Pero no hay pruebas de tal violencia, por parte de Kléver Albán, durante la mañana del 30 de septiembre en las instalaciones del Regimiento Quito Número 1.
Su esposa recuerda que el gendarme estuvo con descanso médico por un problema crónico en su garganta. Lo vio a las 09:00 para darle unas medicinas, pero no estaba protestando. “Le metieron preso solo porque estaba unos minutos parado ahí viendo que pasaba y justo le tomaron una foto y por eso lo acusan”. De hecho, en poder de su abogado defensor consta un certificado de la misma Policía Nacional que ratifica que Albán no tuvo en su poder ningún tipo de armamento el día de la sublevación policial.
En un drama parecido se encuentran los familiares de Alfredo Romero. Se trata de otro suboficial que, según insisten, estuvo en la protesta sin cometer desmanes, pero lo apresaron.
Los dos llevaban 25 años de servicio en la Policía y no podrán volver a las filas de la institución porque fueron dados de baja de sus funciones. Según José, el hermano de Romero, su esposa y sus tres hijos tienen cuadros de depresión por la situación del cabeza de familia. “Vine a hacer el seguimiento del caso con el abogado, pero el asunto sigue aún complicado ”, dijo Romero, quien llegó de Guayaquil para asistir a su familia en el proceso. Romero asegura que quienes realmente causaron los desmanes y generaron violencia en las calles están libres, sin que nadie los señalara.
La esposa de Kléver Albán también envió una carta al presidente Rafael Correa, como la cónyuge de César Carrión, Jeanneth Orbe.
Las dos, hasta el cierre de esta edición, esperaban la respuesta por parte del Mandatario o de su Secretario Particular. Pero no hubo ningún pronunciamiento por parte de la Presidencia.
Otras siete personas siguen detenidas
Ex militares y civiles se encuentran detenidos por las investigaciones penales por la insubordinación policial y militar del 30 de septiembre pasado.
Uno de ellos es el ex oficial del Ejército, Fidel Araujo. Él está acusado de supuestamente incitar a los policías a la rebelión y está preso desde octubre pasado.
La mañana del 30 de septiembre, Araujo estuvo fuera del Regimiento Quito Número Uno, donde ocurría la protesta más fuerte en contra del Régimen. Ese momento, realizó declaraciones a los medios de comunicación y habló sobre su presencia en ese lugar, que fue para apoyar la protesta como un ciudadano.
Sin embargo, la Fiscalía cree que su llegada hasta el cuartel policial tuvo otros propósitos. Para el Gobierno, Araujo fue parte del complot que intentó derrocar al presidente Rafael Correa. Y como sustento se difundieron grabaciones de video y la relación que el ex oficial del Ejército mantenía con el partido Sociedad Patriótica.
Otros de los detenidos son Max Marín y Patricio Camacho. Ellos son acusados de causar supuestamente daños a las instalaciones del canal estatal Ecuador TV.
Esa estación sirvió como matriz de una cadena de radio y TV que ordenó el Gobierno el 30-S. En la noche un grupo de ciudadanos entró a la sede del medio de comunicación para protestar por la transmisión de los incidentes de la insubordinación. Durante, ese hecho, manifestó la Fiscalía, se causaron daños que pueden ser sancionados penalmente.
Detalles del proceso
La Unidad de Inteligencia de la Policía entregó a la Fiscalía pruebas fotográficas y fílmicas para pedir la detención de los involucrados en supuesta rebelión. Son las únicas pruebas, que según Armijos, tienen en contra de los uniformados investigados.
El caso está en el despacho del fiscal Jorge Cano, de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, que indaga todos los hechos relacionados con la insubordinación policial.
Tanto los procesos de los 46 policías como del coronel César Carrión están en la etapa de instrucción fiscal. Se espera que hasta el 7 de enero haya un pronunciamiento definitivo por parte de los respectivos fiscales que llevan los casos.