15 de May de 2010 00:00

Él dio poco interés al pedido de los indígenas

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Redacción Política

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No siempre el personaje que más sale en los medios es el que se roba la noticia de la semana. El empantanamiento en el que cayó el jueves la Ley de Aguas tiene a un legislador como uno de sus principales responsables.

Se llama Jaime Abril. De los actuales asambleístas, era uno de los menos conocidos. Sin embargo, se ha vuelto famoso por el poco espacio que dio a las organizaciones indígenas y campesinas durante la redacción final del informe para segundo debate de este proyecto legal.

Esta fue la razón principal de las protestas indígenas de las últimas dos semanas. Su comportamiento al frente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, encargada de tratar este tema, hacía prever que el tramo final del debate iba a ser conflictivo.

A inicios de abril, cuando el plazo para la redacción del texto que debía ser sometido a discusión del Pleno terminaba, los indígenas y el sector camaronero dieron un primer campanazo. Rodearon la Asamblea Nacional y obligaron a su titular, Fernando Cordero, a que sellara un compromiso con lo marchantes .

Este consistía en que la presentación del informe para segundo debate debía ampliarse hasta el 25 de abril con unas nuevas observaciones. Pero el Presidente de la Comisión no le dio mayor importancia al calendario.

Mientras Cordero estaba en Argentina, Abril, sus cuatro compañeros de Alianza País y Susana González, de Madera de Guerrero, aprobaron el informe una semana antes y sin recoger los planteamientos de los indígenas.

Fue en los días en que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se enredaba en procedimientos legales para dejar en el aire el juicio político contra Washington Pesántez, fiscal general.

Pedro de la Cruz, legislador indígena y cercano al oficialismo fue el primero en cuestionar el procedimiento de Abril. Sus reparos no tuvieron mayor peso político. Acusó a la Comisión de impulsar una ley ‘privatizadora’ que, entre otros objetivos, no cuestiona la concesión de Interagua por parte del Municipio de Guayaquil, cuyo Alcalde pertenece a Madera de Guerrero.

A su regreso de Argentina, Cordero no dijo una palabra sobre los plazos incumplidos por Abril. El enredo en el que terminó al caso Pesántez dejó en segundo lado la polémica suscitada por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Todo era cuestión de esperar a que llegara el 4 de mayo, día del inicio de las deliberaciones previas a la votación de la Ley de Aguas en el Pleno.

Indígenas y campesinos volvieron a rodear a la Asamblea y a acusar a Abril de haberse sometido al libreto gubernamental sin acoger los planteamientos de estas organizaciones sociales.

Poco afecto a las entrevistas y declaraciones, Abril dejó que la movilización indígena se zanjara políticamente en el terreno discursivo del Primer Mandatario. Rafael Correa arremetió contra la Conaie y lamentó que la Asamblea decidiera posponer una y otra vez la votación final de la ley.

Codero, jugando nuevamente al papel del político conciliador, reunió a la cúpula indígena la noche del 5 de mayo. Allí, según relatan sus asistentes, se barajó por primera vez la idea de la consulta prelegislativa a las nacionalidades y pueblos que vean afectados su derechos colectivos con este tipo de leyes.

Cordero, como una alternativa a este procedimiento inédito en la legislación ecuatoriana, le pidió a Abril que replanteara su informe final con las observaciones que la comisión técnica, que acababa de conformar junto a los indígenas, debía entregarle.

El nuevo documento serviría de base para la votación definitiva en el Pleno de la Asamblea.

Pero Abril no le obedeció. A pesar de que el corte de carreteras y los enfrentamientos con la Policía se incrementaban en el norte y centro de la Sierra ecuatoriana, este legislador insistió en su texto original y desencantó al sector indígena que presionaba con las manifestaciones.

Cordero retomó, entonces, la idea de organizar la consulta previa como un requisito legal que no se puede dejar de lado. A su juicio, se corre el riesgo de que la Corte Constitucional destituya a los legisladores por desacato.

Pero el imprevisto final que tuvo su propuesta, rechazada el jueves por el Pleno, dejó entrever que lo que menos inquietaba a los asambleístas era la omisión de este procedimiento.

Dejando de lado el tema jurídico, es Abril quien, en términos políticos, ha cometido una serie de desacatos: las disposiciones de Cordero, las observaciones de los indígenas y los pedidos de que ajuste de su informe final.

Por estas y otras razones, el futuro de la Ley de Aguas es incierto.

¿Quién es?

Es legislador por Azuay y forma parte de la bancada de Alianza País. Es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional.

¿Qué Hizo?

A su cargo estuvo la elaboración del proyecto de Ley de Aguas. Pero el informe final de este no acogió las observaciones que hicieron los indígenas. En ese marco, hubo fuertes movilizaciones.

¿Qué Dijo?

“(Los indígenas) no pueden proponer algo que se va en contra de la Constitución. De ninguna manera lo haremos (trabajar bajo presión)”. Estas declaraciones las dio el 5 de mayo a Radio City.

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