23 de May de 2011 00:01

Un dilema para 10 diputados de A. País

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Ellos deben escoger entre seguir la línea partidista en la agenda legislativa, que se desprende de la consulta popular, o sintonizar con la voluntad de sus electores, que rechazaron sus contenidos.

El tema lo destapó el asambleísta de oposición Paco Moncayo. Desde su óptica, en esas 12 provincias el mensaje de la votación es que sus representantes deben empujar leyes que no restrinjan derechos, en especial en la ley de Comunicación, donde el Gobierno plantea medidas como el Consejo de Regulación.

En el plano discursivo, el bloque de Alianza País señala que no habrá dubitaciones de sus miembros de aquellas provincias de la Sierra y la Amazonía, donde se rechazaron las preguntas formuladas desde Carondelet.

César Rodríguez, coordinador de la bancada oficialista, afirma que es incorrecta la lectura de que los asambleístas deben quedar cautivos del pronunciamiento de sus respectivas provincias.

Su argumento es que nueve de las 10 preguntas de la consulta tenían carácter nacional y, por lo tanto, solo cabe una tarea legislativa de carácter global en la agenda de la Asamblea (ver breves).

“Los asambleístas son representantes de provincias, con responsabilidad nacional. Por lo tanto no existe ninguna contradicción entre la representación local y la representación nacional”, dice Rodríguez, quien está seguro que no habrá tensión ni desgrane en el grupo de 52 diputados de A. País.

Carlos Velasco es representante del oficialismo en Carchi, donde el Sí recibió la espalda del electorado. Si bien reconoce que esa votación es una voz de alerta para su tienda política, dice que no condicionará su disciplina partidista a la hora de la aprobación de leyes como la de Comunicación.

“La consulta no era un respaldo ni a los asambleístas ni al Presidente”, señala Velasco, aunque para la oposición fue el propio Rafael Correa quien puso en esos términos el proceso electoral al señalar que el apoyo a los temas era una cuestión de “confianza”.

Zobeida Gudiño, asambleísta de A. País por Zamora Chinchipe, hace un mea culpa sobre la pobre votación del Sí en esa localidad. Según dice, la supuesta falta de comprensión de la población de la importancia de la explotación minera responsable influyó en el resultado negativo. El Gobierno se ha topado con el rechazo de una parte de la población de Zamora a la actividad minera, que se constituye en uno de los pilares económicos de su programa .

“Somos culpables al no haber llegado de manera oportuna a las comunidades para explicar los beneficios”, reconoce Gudiño, quien también niega que el alinearse a las disposiciones nacionales del bloque de A. País vaya a pasar factura a su carrera polí-tica en Zamora Chinchipe.

Betty Carrillo, asambleísta oficialista por Tungurahua, también anticipa que el resultado negativo de la consulta en su localidad no influirá en su posición, de cara a las decisiones del bloque para aprobar leyes como la de Medios.

Al igual que sus coidearios, subraya que los resultados de todas las preguntas, a excepción de la relacionada a las corridas de toros, tienen una vigencia nacional.

De ahí que anticipe que el proyecto de ley de Comunicación, que está por descongelarse en la Asamblea, guarda coherencia con el planteamiento de la pregunta 9 de la consulta.

No obstante, deja entrever que ante el apretado resultado nacional de esta interrogante es necesario seguir adelante con el acuerdo ético-político de A. País con la oposición. Ese convenio -supuestamente- blindará la ley que se apruebe en el Legislativo, del veto presidencial al que está facultado Correa.

En ese punto, el legislador Andrés Páez (ID) apunta que el Gobierno y sus diputados no pueden pasar por alto que, en la práctica, más de la mitad de electores no votaron por esa propuesta. Por ello insiste en que ese marco legal debe incluir otras concepciones, que destierren eventuales “mordazas” que atenten contra el ejercicio de la libertad de expresión.

Entre los asambleístas de Alianza País en cuyas provincias se impuso el No también figuran Mauro Andino (Chimborazo), Fernando Cáceres (Cotopaxi) Hólger Chávez (Bolívar), Raúl Abad (Cañar) Vethowen Chica (Morona) y José Picoita y Mao Moreno (Loja). A ellos se suma Irina Cabezas, quien es asambleísta nacional, pero cuya provincia de origen es Tungurahua.

Ocho rostros de los legisladores oficialistas en cuyas provincias ganó el No

            

Carlos Velasco                       Betty Carillo

Asambleísta de Carchi            Asambleísta de Tungurahua


            

Irina Cabezas                        Mauro Andino
Asambleísta de Tungurahua    Asambleísta de Chimborazo


            

Hólger Chávez                       Raúl Abad
Asambleísta de Bolívar            Asambleísta de Cañar


             

José Picoita                            Vethowen Chica
Asambleísta de Loja                Asambleísta de M. Santiago


La agenda legislativa

El debate y aprobación de la ley de Comunicación, que crea un Consejo de Regulación, es una de las tareas de la Asamblea.

También debe reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, para que guarde armonía con la nueva composición del Consejo de la Judicatura.

Los parlamentarios también deben incluir como delito en el Código Penal el enriquecimiento privado no justificado aprobado en la consulta.

También deberán tipificar como infracción penal la no afiliación al Instituto de Seguridad Social de aquellos trabajadores en relación de dependencia.

Para este último punto, el Pleno debe realizar reformas al Código Penal, así como a la Ley de Seguridad Social.

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