Que le llamen diputado o asambleísta a Luis Almeida (PSP) le da lo mismo. “Realmente es solo un cambio de palabras que significan la misma cosa”, señala.
Llegó al antiguo Congreso en cuatro ocasiones y ahora es su primer período en la Asamblea.
“Les parece un insulto que nos digan diputados”, dice recordando el comentario que el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, hizo a este Diario en una entrevista sobre el 30-S. Cordero contó que a veces Rafael Correa lo llama “presidente del Congreso”, en son de broma.
En Montecristi, durante la Constituyente, la comisión de Estructura e Instituciones del Estado propuso el cambio de nombre de esta función. El argumento fue brindar una nueva imagen al Parlamento, tradicional espacio de confrontación.
Pero para León Roldós, ex constituyente, eso fue “novelería, maquillaje y nada más. El nombre no significa cambio alguno de calidad; de hecho, esta Asamblea ha sido más deficiente. Es una copia de lo que se hizo en Venezuela”.
En Venezuela, él órgano del poder legislativo también lo ejerce la Asamblea, desde que se aprobó la Constitución de 1999. En Cuba también existe Asamblea.
Para Virgilio Hernández (A. País) el cambio obedece a conceptos y temas de fondo, no solo de elementos cosméticos. “En muchos aspectos, la Asamblea no es igual al Congreso anterior: hay una renovación generacional, mayor uso de mecanismos tecnológicos y de información; una modificación de la estética del poder que se reflejaba en congresos almidonados y ya no hay dietas pagadas por sesiones, etc.”.
El nuevo nombre de la Legislatura es uno de los tantos términos que la Constitución del 2008 introdujo para volver más llamativo “el cambio de época” que Correa prometió inaugurar hace cuatro años y a los que los ecuatorianos se han tenido que adaptar.
Así, los Gobiernos Seccionales son ahora Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Suena rimbombante, pero Hernández asegura que con ese término se ratifica que el Estado se gobierna a través de distintos niveles. “Asumir esa nomenclatura es entender que cada uno tiene su rol y competencias por cumplir”.
Para Luis Montaluisa, profesor de semiótica de la Politécnica Salesiana, todos estos cambios son “retórica, una especie de moda”. Se cambian los nombres para hacerle creer a la gente que hay un cambio. “Pero en realidad se trata de una manipulación del lenguaje, con términos diferentes y de símbolos como lo que significa el Sumak Kawsay (buen vivir) o las camisas con bordados indígenas que lleva el presidente Correa…
Desde el 2007, por esta nueva ola de ‘conceptos’, el aparato público estatal ha debido cambiar varios letreros de sus edificios.
La ministra coordinadora de lo Social, Jeannette Sánchez, insiste en que estos nuevos nombres tienen una razón más allá de lo decorativo. Eso pasó con el Ministerio de Bienestar Social, que hoy se llama de Inclusión Económica y Social (MIES). “Los nombres traducen identidades, contienen memorias, simbolizan algo, cuando se trata de instituciones”.
Sánchez recuerda que se buscó crear en la memoria colectiva un referente del MIES distinto del MBS, que permanecía grabado en la retina, luego de lo ocurrido en abril del 2005, en la caída del ex presidente Lucio Gutiérrez.
El MIES, según Sánchez, ya no es asistencialista ni clientelar, sino que a través de la inclusión pretende construir el Buen Vivir.
Bajo esa lógica, la Corte Suprema de Justicia pasó a ser Corte Nacional de Justicia y los magistrados, jueces. Con ello, advierte Gustavo Medina, ex magistrado y ex procurador, se disminuyó la condición histórica de la Corte. “Era la instancia definitiva, como ocurre en Colombia y EE.UU. Ahora, a través de un recurso extraordinario de protección, interpuesto ante la Corte Constitucional, se puede dejar sin efecto una decisión de la Corte Nacional”.
En Montecristi también se incorporaron conceptos como la ‘ciudadanía universal’, que da paso a la ‘ libre movilidad’ o a ‘la movilidad humana’. Todo esto para hablar de migración. También la ‘familia diversa’, una institución producto lazos de amistad o vecindad y no solo de sangre.
Nuevas categorías que han tomado fuerza son los derechos de la naturaleza, la posibilidad de encasillar a las plantas y animales domésticos bajo el membrete de ecología urbana o hablar de seguridad humana cuando lo común era la seguridad ciudadana.
Andrés Herman, investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, no olvida otro cambio en este período: las páginas web de las instituciones estatales tienen otro dominio. El “gov’, abreviatura en inglés de goverment fue reemplazada por ‘gob’, en español. “El objetivo era generar un proceso de identidad nacional.