1 de March de 2011 00:00

En 8 días, el fallo por la Cervecería

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Desde las 14:00 unos 80 ex trabajadores de Cervecería Nacional (CN) lanzaban barras a favor del pago de utilidades pendientes en el período de 1990 al 2005. El plantón duró hasta las 17:30, dificultando el tránsito en las afueras de la Corte de Justicia, en el centro de Guayaquil.

Dentro del edificio, las partes interesadas en el litigio exponían sus argumentos. Desde las 15:15, se realizó la audiencia pública en la Tercera Sala de lo Penal del Guayas. Duró dos horas, donde la discusión principal fue a quién le corresponde la competencia para resolver el conflicto laboral.A la cita asistieron representantes del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), de la Procuraduría General del Estado y de los trabajadores y ex trabajadores que demandan el pago de utilidades pendientes de la cervecera.

Ayer no se presentaron los abogados de la CN, aunque esta empresa fuera la solicitante de la audiencia. Su argumento, presentado mediante una carta dirigida al tribunal, fue de “inasistencia por falta de seguridad”.

El juez titular de la sala, Roberto Guevara, dijo que “es muy notoria la seguridad que hemos manejado”. En la diligencia estaban unos 20 policías que resguardaban la puerta de la sala y durante la reunión. Además que se controló el acceso de las partes involucradas.

El litigio laboral regresó a las manos de los magistrados de la Tercera Sala, una vez que el caso fue devuelto por la Corte Constitucional, a raíz de la denuncia de un supuesto pago de la cervecera para obtener un fallo a favor.

Juan Carlos Quintana, representante del MRL, dijo que el Ministerio no tiene competencias para este tipo de casos. Con esto ratificó la negativa de esa Cartera , que en julio del 2010 aseguró que “no era competente para conocer, tramitar y resolver” este caso, ya que correspondía a los jueces de Trabajo.

A esto, Viterbo Cevallos, abogado defensor de los trabajadores y ex trabajadores de CN, respondió que el Ministro tiene la facultad de ordenar el pago de las utilidades pendientes. También presentó los fallos a favor de ex trabajadores de la cementera Holcim, Andes Petroleum y Petroamazonas como antecedentes que favorecen a los demandantes actuales.

Según Jaime Cevallos, representante de la Procuraduría, los demandantes deben estar en las mismas condiciones. Explicó que como Arturo Cervantes representa a trabajadores y ex trabajadores de la empresa, no pueden ser un mismo grupo. A eso Viterbo aclaró que “el grupo demandante sí tiene algo en común: todos son perjudicados por Cervecería”.

Por tratarse de una audiencia pública, gran cantidad de bancas de la sala estaban ocupadas por los demandantes y sus familiares. Cada vez que los representantes de la Procuraduría y del MRL argumentaban en contra se escuchaban abucheos. En cambio, después de las intervenciones de los defensores el lugar se llenaba de aplausos. Ante ambas manifestaciones el magistrado Guevara golpeaba con su martillo para tranquilizar a los asistentes.

Al final, Cervantes dijo que si el fallo se da a favor de los demandantes, el Ministerio deberá obligar a CN a pagar los USD 90,9 millones de utilidades y más 20 años de intereses. Guevara explicó que la acción ordinaria del caso termina con esa audiencia. Si alguna de las partes no queda satisfecha con la resolución, podrá reabrir el proceso mediante una acción extraordinaria de protección. La sentencia será anunciada en mínimo cuatro días y máximo siete.

Arturo Larrea vuelve a la C. Constitucional

El secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea, deberá acudir mañana a su puesto de trabajo. La razón: se cumplen los 15 días de reposo que pidió por una dolencia.

El viernes de la semana pasada. Larrea aseguró que no presentará su dimisión a la Corte Constitucional. Lo hizo luego de dar su testimonio en la investigación fiscal, sobre los supuestos sobornos en el organismo para favorecer a la Cervecería Nacional en un litigio contra sus ex empleados.

El expediente en el Ministerio Público se inició luego de que el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, asegurara que Alfredo Larrea, hermano del Secretario de la Corte Constitucional, recibió un millonario pago por una asesoría jurídica. Esos desembolsos superaron el millón de dólares y se hicieron luego de que los jueces constitucionales emitieran un fallo en favor de la empresa. Según el legislador, Alfredo Larrea cobró ese dinero a pesar de que no tenía un título de abogado legalmente registrado, pues lo hizo inscribió hace pocas semanas.

En su declaración, el Secretario de la Corte Constitucional aseveró que no tiene ninguna relación profesional con su hermano y que no tuvo conocimiento de los actos que haya realizado.

Sin embargo, en su contra existe el pedido del juez constitucional, Alfonso Luz, para que se lo destituya. Esa solicitud la presentó luego de que se conoció sobre los pagos que recibiera Alfredo Larrea.

El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, informó que en la decisión de separar a Arturo Larrea de su cargo deberá ser tomada por el Pleno del organismo, el cual está compuesto por nueve integrantes. Además, dijo que en la próxima sesión se presentará el pedido de su colega Luz.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue con el análisis del caso. Ayer, estaba previsto que Pazmiño acudiera a la convocatoria del Ministerio Público para dar su versión. El titular de la Corte no se presentó y envió a su abogado Juan Noriega.

El defensor aseguró que Pazmiño no acudió porque a la misma hora de la diligencia en la Fiscalía debía recibir al ministro de Justicia, José Serrano, para analizar cómo los jueces están tramitando los amparos de protección. Justamente, uno de estos recursos constitucionales originó el conflicto legal que llegó a la Corte.

El abogado pidió a los investigadores que se oficialice un nuevo día y hora para la declaración.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)